La formalización de Jonathan Morán, realizada en el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, marca el inicio de las investigaciones sobre el desfalco de más de US$ 30 millones en la empresa Dimar. Esta es la primera resolución en el caso, que busca determinar la responsabilidad tanto del ejecutivo como del directorio de la compañía.
Según el abogado Matías Balmaceda, representante de la empresa canadiense Copap, la medida cautelar contra Morán es solo el comienzo de un proceso que involucra prácticas fraudulentas de Dimar con proveedores locales e internacionales. Balmaceda también señaló que es difícil pensar que Morán actuó sin el conocimiento y consentimiento del directorio de la empresa.
Dimar se declaró en quiebra el año pasado luego de descubrirse irregularidades contables y cuentas de inventario falsas presentadas por Morán. Una auditoría reveló que los estados financieros habían sido manipulados y se habían reportado ganancias inexistentes, lo que llevó a la empresa a la bancarrota.
En respuesta, la empresa ha centrado la responsabilidad en Morán y presentó una querella por administración desleal en su contra. Por su parte, Copap amplió su demanda por estafa y administración desleal contra todo el directorio de Dimar, ya que la deuda de la papelera con la empresa canadiense alcanza los $1.650 millones, sin incluir intereses ni ajustes.
Según Balmaceda, la legislación de delitos económicos busca evitar que los directorios se desvinculen de su responsabilidad fiduciaria. El caso de Dimar pone de manifiesto la importancia de investigar a fondo todas las instancias de una empresa para determinar las responsabilidades en casos de fraude y malversación.