Varios congresistas están siendo cuestionados por promover partidos políticos con firmas presuntamente falsificadas o afiliaciones irregulares, utilizando recursos públicos destinados a su labor parlamentaria para promocionar estas agrupaciones. Estos hechos generan preocupación de cara a las elecciones generales de 2026.
Uno de los casos más graves involucra al legislador Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú), quien, según un colaborador eficaz, habría utilizado su despacho congresal para reuniones del partido “Voces del Pueblo”, con el fin de impulsar su candidatura presidencial. La agrupación logró inscribirse, pero con más de 4,400 firmas observadas.
Flor Pablo también ha sido cuestionada por presentar su partido “Lo Justo” en Ayacucho durante una semana de representación, lo que implica uso de fondos del Congreso. La legisladora devolvió el dinero, pero su partido no logró inscribirse y se unió a “Primero la Gente”, el cual tiene más de 5,400 firmas dudosas.
La congresista Isabel Cortez (Podemos) promocionó el “Partido Obrero del Perú” en Huancavelica con recursos públicos. El RENIEC identificó al menos 5,500 firmas observadas, algunas presuntamente falsificadas por un mismo puño gráfico.
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Guido Bellido, también de Podemos, fue a Ayacucho para impulsar su agrupación “Pueblo Consciente”, que presenta más de 6,200 firmas irregulares. En tanto, Alfredo Pariona y Pasión Dávila (bancada Socialista) participaron en actividades del partido “Todo con el Pueblo”, que suma más de 8,900 registros observados.
Otros casos involucran a Alex Flores y Roberto Sánchez, cercanos a Antauro Humala, cuya agrupación anulada A.N.T.A.U.R.O. acumuló más de 2,400 firmas observadas. Pese a ello, siguen promoviendo el proyecto “Juntos por Antauro”.
Finalmente, Carlos Anderson, quien será candidato presidencial por el partido “Perú Moderno”, también está en la mira, pues su agrupación reportó más de 16,500 observaciones, de las cuales 5,900 serían de un mismo puño gráfico.
Las autoridades electorales y el RENIEC continúan evaluando estos casos por posible falsificación masiva y uso indebido de recursos públicos.