El Ministerio de Justicia solicitó al Tribunal Constitucional una extensión de tiempo para cumplir con la sentencia de 2020 sobre el hacinamiento carcelario. El Gobierno busca más tiempo para abordar este problema, considerando factores como la pandemia y el ciclón Yakuu. El plazo original de cinco años vence este mes de mayo, pero las autoridades admiten que no podrán cumplir con lo establecido en el tiempo previsto.
El titular del Minjusdh, Eduardo Arana, envió un oficio al TC solicitando que se reconsidere el plazo establecido en la sentencia, la cual fue declarada por el propio Tribunal como un “estado de cosas inconstitucional” debido a la grave situación en las cárceles peruanas. Según el documento, se propone una extensión de 2 años y 7 meses como nuevo plazo para implementar las medidas necesarias.
El argumento principal del Ejecutivo es que eventos extraordinarios como la pandemia por la COVID-19 y el fenómeno climático del Ciclón Yaku afectaron directamente la capacidad del Estado para llevar a cabo las inversiones proyectadas en infraestructura penitenciaria. Estos sucesos provocaron, según Arana, una reasignación de recursos hacia el sector salud y emergencias, lo cual impactó negativamente en el presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del propio ministerio.
Además de los factores sanitarios y climáticos, el documento señala que la crisis económica derivada de estos eventos también contribuyó a la imposibilidad de cumplir con la orden del TC en el plazo original. “La reasignación de fondos ha limitado severamente nuestra capacidad de respuesta frente al mandato constitucional”, indica el texto presentado por Arana.
Es importante recordar que la sentencia del TC de 2020 establecía que el Estado debía implementar una serie de reformas para mejorar la situación en las prisiones del país, incluyendo infraestructura, salud, alimentación y condiciones dignas para los internos.