Chile ha experimentado más de dos años con una tasa de desempleo superior al 8%, ya que se ha informado que el desempleo se situó en un 8,7% durante el primer trimestre. En términos históricos, esta es una tasa elevada, ya que es necesario remontarse 15 años para encontrar niveles similares; y, por otro lado, está lejos del promedio de la década pasada, cuando se situó en un 6,9%. Todo esto refleja la debilidad del mercado laboral, en un contexto en el que la economía no logra recuperarse de un PIB tendencial en torno al 2%.
La tasa de desempleo ha alcanzado niveles históricos, solo comparables con las cifras de hace 15 años.
A estas alturas del mandato del Presidente Gabriel Boric, resulta difícil sostener que el pobre desempeño del empleo no guarde relación con políticas impulsadas por el Frente Amplio. A pesar de sus objetivos bien intencionados, medidas como la Ley de 40 horas y el aumento del salario mínimo a $ 500 mil -para el cual esta semana se acordó un nuevo incremento-, han terminado en la práctica generando mayores costos de contratación, menores márgenes de maniobra para las PYME y una disminución en los incentivos para contratar trabajadores adicionales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, entre varios otros efectos.
Según el INE, entre enero y marzo se crearon apenas 80 mil puestos de trabajo, en comparación con el mismo trimestre de 2024. Este es el nivel más bajo desde principios de 2021, en plena pandemia. Por otro lado, la tasa de desempleo se mantuvo invariable en términos anualizados y si se mira la estacionalidad, la tendencia no es mejor, con un 8,5%.
En cuanto a la composición del empleo, la mayor alza se dio en las ocupaciones formales, lo cual es una señal positiva. Sin embargo, la mayor parte del aumento fue explicado por las grandes empresas, con una expansión del 9,5%, mientras que en las microempresas el indicador cayó un 3,8%, un claro indicio de que no están siendo capaces de absorber los mayores costos laborales de las políticas del Gobierno, que hoy son el eje programático de una de las precandidatas presidenciales del oficialismo.
En este contexto, las pretensiones iniciales de la CUT, de alcanzar un salario mínimo de $ 1.000.000 en 2029 carecen de realismo y desvían el foco del debate. Como advirtió la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, el aumento del 3,6% acordado finalmente por la Central y el Gobierno, no solo está muy por encima de la inflación, sino que ocurrirá “en medio de una economía que crece muy poco, con una inversión estancada y un panorama internacional lleno de incertidumbre”.
El gran dilema en Chile es la baja productividad, que mantiene al país entre los últimos lugares del informe de la OCDE en esta materia. Con estos hechos a la vista, el desafío está en abordar los costos de contratación, la capacitación y formación temprana, así como en avanzar en acuerdos más flexibles entre empresas y trabajadores. Mientras no se tomen en serio estos aspectos, tendremos que resignarnos a un bajo crecimiento, bajos salarios y bajas expectativas en toda la cadena laboral.