La polémica por el pago de las contribuciones de bienes raíces ha vuelto a surgir recientemente. Algunas cartas en los diarios señalan que el monto a pagar por este concepto aumenta, especialmente en momentos en que los ingresos se reducen, como después de jubilarse. También se ha informado sobre un considerable aumento de los avalúos, lo que ha generado dudas entre los propietarios cuyas propiedades han disminuido de precio.
Este debate ha llevado a discutir nuevamente la viabilidad de eximir a las primeras viviendas del pago de este impuesto. El año pasado se recaudaron $2.529.081.000.000 por Impuesto Territorial, y la mayoría de estos recursos se destinaron al Fondo Común Municipal, que los distribuye a los municipios de menores recursos. Cualquier propuesta que implique reducir significativamente estos recursos para las municipalidades debería ir acompañada de un plan viable para compensar dichos montos.
Los sistemas impositivos dependen en gran medida del cumplimiento voluntario de los contribuyentes, y esto a su vez depende de que consideren que están pagando lo justo. Si los contribuyentes no comprenden por qué aumentó el monto del impuesto a pagar, es probable que comiencen a evitar el pago, posiblemente a través de elusiones fiscales.
Dado que no existe un plan viable en este momento, debemos aceptar que el impuesto seguirá vigente por muchos años. Sin embargo, esto también presenta oportunidades para mejorar el proceso.
A diferencia de otros impuestos donde el contribuyente determina el monto adeudado, en el impuesto territorial es la autoridad tributaria la que indica la cantidad a pagar. Aunque teóricamente el contribuyente puede reclamar esta determinación, en la práctica esta posibilidad es muy limitada.
La determinación del avalúo fiscal considera el valor del terreno y la construcción, teniendo en cuenta aspectos como el tamaño, la calidad y la antigüedad. El Servicio de Impuestos Internos (SII) proporciona antecedentes necesarios para esta determinación, pero el contribuyente desconoce cómo se calcularon los elementos que afectan el monto a pagar.
Para una persona sin conocimientos especializados, es difícil determinar el monto a pagar basándose en la información pública disponible. Esto pone en riesgo la legitimidad del impuesto, ya que los contribuyentes necesitan comprender por qué están pagando cierta cantidad para cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales.
Es necesario contar con educación y, sobre todo, información clara. Un aplicativo que permita establecer con facilidad el monto a pagar, brindando asistencia al contribuyente para comprender por qué paga lo que paga, sería beneficioso para mejorar la legitimidad del sistema impositivo.