Vladimir Cerrón: El Poder Judicial le confiscó más de S/ 1.6 millones.

El Poder Judicial ordenó la incautación y decomiso definitivo de más de S/ 1 millón 600 mil pertenecientes al prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, por los procesos judiciales que enfrenta por presunto lavado de activos, criminalidad organizada y delitos contra la administración pública, por el caso de los ‘Dinámicos del Centro’.

“La Policía siempre ha resuelto los problemas, pero lo hace con mayor eficacia cuando la ciudadanía y las instituciones se involucran. Así derrotamos al terrorismo”, afirmó el ministro durante una conferencia de prensa.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima, a cargo del juez Juan Antonio Rosas Castañeda, quien declaró fundada la demanda de extinción de dominio presentada por el Ministerio Público. En concreto, se trata de la suma de S/ 1’236,543.30 incautada en una cuenta de ahorros bancaria y S/ 376,969.13 retenida mediante un cheque de gerencia, haciendo un total de S/ 1’613,512.43 que será transferido al Estado peruano.

La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró en diciembre pasado que, en audiencia de apelación, se confirme la medida cautelar de incautación contra Cerrón. Según el fallo, esta suma representa un incremento patrimonial no justificado, ya que no existen elementos que permitan establecer que provenga de actividades lícitas.

El Ministerio Público sostuvo que estos fondos del dueño de Perú Libre estarían vinculados a actividades ilícitas cometidas por Cerrón durante su gestión como gobernador regional de Junín, particularmente delitos contra la administración pública, lavado de activos y crimen organizado.

Durante la audiencia de apelación, la Fiscalía reforzó los argumentos sobre la existencia de los fondos en las cuentas de Cerrón, así como el peligro en la demora del proceso y la razonabilidad de la medida. Esto llevó a la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima a presumir preliminarmente que el dinero incautado constituye un aumento patrimonial no justificado, que excede los ingresos que Cerrón podría haber obtenido legalmente por su actividad económica.

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