Después del trágico asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, diversas organizaciones ciudadanas a nivel nacional han convocado a un paro cívico para el próximo 14 de mayo, en protesta por el aumento de la inseguridad, la expansión del crimen organizado y la respuesta del gobierno de Dina Boluarte, a quien acusan de ser cómplice e incapaz de garantizar la seguridad del país.
Ni las muertes de los trabajadores en Pataz ni las extorsiones en todo el país parecen preocupar a la mandataria, que espera la aprobación de un aumento salarial de más del 100%.
La convocatoria ha sido respaldada por diversos gremios sindicales, colectivos sociales, organizaciones campesinas y comunidades afectadas por la violencia. Entre las demandas principales se encuentran:
- La renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte.
- La derogación de leyes que limitan la lucha contra el sicariato.
- El respeto al referéndum ciudadano que prohíbe la reelección de congresistas.
El anuncio del paro se da en un contexto de creciente descontento nacional y crisis de seguridad pública. La masacre en Pataz ha sido atribuida a bandas criminales vinculadas a la minería ilegal y el sicariato, que operan con impunidad en diversas regiones del país.
Ante estos hechos, el Ejecutivo ha decretado toque de queda en la provincia afectada, suspendido la actividad minera por 30 días y anunciado la instalación de una base militar para recuperar el control del territorio. Sin embargo, estas medidas han sido consideradas insuficientes por la población, que denuncia años de abandono estatal.
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