Pocas relaciones personales han generado tanto debate como la confesada por la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, quien admitió mantener un romance con el ministro de Hacienda Mario Marcel, prácticamente desde que ella llegó a encabezar el Ministerio del Interior. Si bien ha explicado las razones que la motivaron a hacer público este vínculo, lo cierto es que queda en el ámbito de lo especulativo si sus motivos son los expresados por la aspirante a La Moneda o no y cuáles son los flancos que podrían abrirse.
Por lo pronto, según un dictamen de la Dirección del Trabajo del año 2018, el empleador no tiene la facultad de impedir que sus empleados mantengan una relación amorosa en el ámbito laboral. Esta prohibición se considera ilegal, ya que vulneraría el derecho fundamental del trabajador a su intimidad y la libertad de trabajo; sin embargo, sí se pueden generar políticas internas para gestionarlas de manera ética.
En lo que respecta al ámbito público, la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses establece que “existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias”.
“Activo político”
A partir de estos argumentos, algunos analistas y cientistas políticos deliberan acerca del romance recientemente confirmado por Tohá, que puso en tela de juicio la labor del titular de Hacienda. Como “un secreto a voces de la política chilena, que no se toca, pero todo el mundo sabe”, se define la relación, pese a ello la mayoría estima que no tendría sentido pensar en legislar al respecto.
En este sentido, el analista político Aldo Cassinelli parte de la base de que en el escenario actual las aristas de este debate son más bien políticas que legales. Y destaca que, “difícilmente, a través de una norma de derecho positivo se podría controlar algo en que no hay una condición formal de relación, no tienen un vínculo legal”.
Pero la cosa cambia desde el punto de vista político, enfatiza el experto. Ello, porque entra en juego la “prudencia”. En este contexto, Cassinelli está convencido de que el Gobierno debiera “considerar cómo mantener al ministro de Hacienda”, en medio de una campaña presidencial, en que es el responsable de darle continuidad, en términos presupuestarios. Otra arista política que percibe, dice relación con el hecho de que las parejas de los candidatos y candidatas, ya sean formales o informales, constituyen un “activo político” de las respectivas campañas.
Ante esta realidad, el experto cuestiona “qué tanta prescindencia política puede tener la pareja de una candidata en los actos de campaña”.
“Ya tenemos demasiadas normas”
Para el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del desarrollo, Eugenio Guzmán, “este tipo de situaciones se prestan para insinuaciones y malos entendidos que pueden afectar el buen funcionamiento del gobierno. Por eso debieran ser transparentes y comunicados a la autoridad correspondiente”. Y recuerda que, en la actualidad, existen normas para regular las relaciones de parentesco; en cuanto a las que se justifican, entre otras razones, por el compromiso afectivo y emocional que involucran –añade-, también debieran ser informadas, “pues ese sólo acto alerta a las partes involucradas y al superior, en este caso al Ejecutivo, sobre los riesgos eventuales que podrían suscitarse”. Pero, desde el punto de vista de Guzmán, “ya tenemos demasiadas normas, creo que es ir muy lejos, no todo debe ser formulado a través de nuevas leyes o agregados a estas”.
De ahí que lo que importa, según lo percibe, es “el compromiso de la autoridad y los involucrados en transparentar su situación, nada menos que en razón de los costos políticos e incluso personales que podrían involucrar”; ya que si bien la política exige una pérdida de privacidad, ello no implica perderla toda, argumenta; no obstante, aclara que “sí se pierde todo aquello que incumbe a la gestión de gobernar, ya sea porque genera riesgos tales como credibilidad política u otros que concretamente pueden derivar en situaciones más complejas”.
“Corrección estratégica”
Una mirada más optimista del acontecimiento político del mes es la que entrega el analista político Marco Moreno, quien plantea que “en un tiempo en que la transparencia es un bien escaso, Tohá decidió anticiparse y sincerar un vínculo que, aunque privado, podía tener implicancias públicas”. Sin embargo, para él, más relevante que el contenido mismo de la revelación es su oportunidad, pues se produce en plena carrera por la primaria oficialista, “en un momento donde necesita fortalecer su imagen y marcar un contraste”, enfatiza, subrayando que fue “una decisión de campaña”, no una salida casual. Lo que atribuye a que la figura de Mario Marcel está bien evaluada por la ciudadanía y “ese capital simbólico podría favorecerla indirectamente”.
Técnicamente, no había un conflicto de intereses en función de las reglas que regulan estas situaciones en el sector público y entre los ministros no existe la subordinación ni la dependencia jerárquica, esgrime Moreno, como también lo recalcó la propia Tohá. Por lo mismo, no ve viable una eventual renuncia de Marcel al cargo, ya que “es un punto político que instala la oposición. En este sentido, la ofensiva de la UDI ante Contraloría por la relación Tohá-Marcel revela el extravío estratégico de la oposición que, sin agenda clara ni narrativa propia, opta por judicializar lo simbólico y llenar con gestos la falta de proyecto político”.
Moreno va aún más allá, aseverando que Tohá aprovecha la entrevista en La Tercera “para hacer una corrección estratégica en su campaña, buscó proyectar mayor cercanía, proximidad y humanidad, atributos de los que carece en su estilo más ligado a la política tradicional”, sentencia, y añade que se trata de “un intento de dejar atrás la imagen más dura de ministra del Interior, asociada a la gestión de crisis y al desgaste del Gobierno”. Moreno anticipa que con este movimiento, “Tohá cambia de libreto, humaniza su candidatura y trata de conectar emocionalmente con una ciudadanía”.
“Cargos de importancia crítica”
Quien sale de la norma es el analista Patricio Gajardo. Si bien comparte la mirada de que en el reconocimiento de Tohá hay una “intención política”, porque su personalidad no es –dice- la de alguien a la que “se le sale un gafe”. Ahora, contar esta intimidad justo en este momento, “mi impresión es que responde a tirar humo a un montón de temas que tienen complicado al Gobierno como las fundaciones, Pro Cultura, el caso Monsalve, las mismas inversiones chinas del litio que se retiraron, que pasan a ser secundarios; y el que ella no ha agarrado vuelo como se pensaba que sería. Esto apunta a colocarla en la primera línea, en términos electorales”.
Aunque le cuesta determinar si esta estrategia tendrá un resultado positivo o no, “pero le permite ocupar espacios en prensa, que es un objetivo buscado por cualquier candidatura presidencial”.
Incluso, para Gajardo resulta “absurdo” que se mencione la pretensión de “humanizar” la figura de la exministra, ya que de lo que se habla –subraya- es de una relación “entre los dos ministros más importantes del gabinete y que, por lo tanto, al tiro saltan las dudas de si ha habido conflictos de interés, si ha habido información privilegiada, si en el Comité Político tendieron a actuar de manera conjunta para promover determinadas iniciativas o no. Es algo complicado, no es fácil”.
Y pese a que en principio se pliega a la postura mayoritaria en cuanto a que no es necesario legislar al respecto, tras pensarlo, propone que tal vez en el ámbito del Gobierno, donde se puede producir esta situación específica, donde se trata de los dos ministros más relevantes del Gobierno, “debiera al menos hacerse público mucho más tiempo antes, porque puede haber conflictos de interés o definiciones estratégicas que apunten a beneficiarse mutuamente. Estamos hablando de los dos ministerios más importantes del Gobierno que manejan presupuestos, recursos… Estamos hablando de personas influyentes en la toma de decisiones”, advierte.
Por lo que habla de “cargos de importancia crítica”, en referencia a que en casos como el que está en estudio, tal vez –reflexiona- se debería pasar de una “recomendación” a una “legislación”.