La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, deberá responder ante la Comisión de Justicia del Parlamento por la resolución que desactiva las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos que funcionaban en el distrito fiscal de Ayacucho y en Pichari, lo que sería una persecución política contra militares y policías, ya que estos casos serían vistos por fiscales en “derechos humanos”.
La resolución —que fue publicada en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano— señala que dichas fiscalías serán «convertidas, con todo su personal fiscal y administrativo, para fortalecer la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho», a donde se trasladará toda su carga procesal.
La medida se ampara en una recomendación de la Oficina Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, dispone también que los fiscales que venían trabajando en dichas instancias sean trasladados a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del distrito fiscal de Ayacucho para atender la «sobrecarga procesal y falta de atención oportuna» que tiene actualmente dicha instancia.
La norma, que lleva la firma de la titular del Ministerio Público, arguye que de los 2,281 casos de la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho, solo se han resuelto 593 y 1,688 están en trámite, lo que representa un promedio de 134 casos por fiscal. En contraste, dice, las Fiscalías Especializadas en Delitos de Terrorismo «no representan una carga procesal elevada».
Debido a esta situación, el congresista Alejandro Muñante ofició al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita, para que cite a la fiscal Delia Espinoza «para que explique los motivos de dicha decisión pues la misma podría debilitar la lucha contra los remanentes terroristas en dicha zona de emergencia».
«Esa gente especializada que durante todo este tiempo ha contribuido en la lucha contra los remanentes terroristas allí, junto con la Policía y las Fuerzas Armadas, va a pasar ahora a ser parte de una Fiscalía Anticorrupción, es decir, a ver cosas que nunca han visto», cuestionó Muñante, quien criticó que se pretenda trasladar la carga procesal de las fiscalías encargadas de delitos de terrorismo a una fiscalía de derechos humanos e Interculturalidad, «cuyo personal no tiene ninguna experiencia».
Sobre el tema también se pronunció el exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) teniente general PNP (r) José Baella, quien advirtió que la medida responde a un escenario en el que ya no existe el terrorismo y eso, recalcó, no es cierto.
«Es preocupante lo que está haciendo la fiscalía. Todavía tenemos muchos casos de terrorismo en el Perú, tenemos gente que todavía no es capturada, es el caso del ‘camarada José’ y muchos otros que están ahí dentro del país. Entonces, desactivar estas fiscalías no tiene sentido. Creo que más que nada esto es una situación ideológica porque la interculturalidad y derechos humanos lo que hacen es perseguir a los policías, a los miembros de las Fuerzas Armadas que de una u otra manera hemos luchado contra el terrorismo».
Añadió que las Fiscalías para Delitos de Terrorismo todavía tienen carpetas fiscales pendientes, entre ellas la del congresista Guillermo Bermejo que ahora serán asumidas por fiscalías especializadas en derechos humanos «que no tienen la especialidad en la lucha contra el terrorismo».