Santos Quispe, presidente de las rondas campesinas de Pataz, denunció que grandes empresas continúan operando sin inconvenientes, a pesar de la reciente orden del Gobierno de suspender por 30 días las actividades mineras en la provincia. Quispe cuestionó que la medida, que debería aplicarse de manera equitativa, parece estar afectando solo a los mineros artesanales y pequeños productores, quienes dependen de esta actividad para subsistir.
«¿Si la ley es para todos, por qué las grandes empresas siguen trabajando?», expresó el dirigente, visiblemente molesto, al señalar que cientos de familias que viven de la minería artesanal están siendo afectadas por la medida sin que las grandes corporaciones enfrenten ninguna restricción.
El dirigente denunció que grandes empresas han adquirido muchos terrenos de familias locales en los últimos años. No se conocen los procedimientos de estas transferencias. Cuando los antiguos propietarios intentan reanudar la minería, los desalojan y denuncian por invasión.
El Gobierno ha implementado medidas para restaurar el orden en Pataz, como la suspensión de la minería y la exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para aquellos involucrados en actividades ilegales. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, indicó que la medida busca permitir que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional retomen el control del territorio. También se establecerán rutas fiscales obligatorias para el transporte de insumos y se sancionará el uso de vías no autorizadas.
Sin embargo, Quispe y otros líderes locales denuncian que la medida no se aplica de manera equitativa. Cierran las pequeñas minas, mientras que las grandes empresas continúan operando sin interrupciones. Además, Quispe resaltó la preocupación de muchas familias que temen por su sustento, ya que la minería artesanal es su única fuente de ingresos.