Los abogados del MOP, Pablo Muñoz y José Ignacio Cortés, argumentaron que la solicitud de US$ 32 millones por parte de la exsociedad concesionaria Ruta G-21 no tiene sustento contractual verificable, por lo que debe ser rechazada categóricamente.
En enero de 2023, la empresa ligada a Icafal y Conpax comunicó a la Dirección de Concesiones que se cumplían los requisitos para invocar la causal de extinción del contrato, debido a la falta de obtención de la calificación ambiental favorable del proyecto en 24 meses desde su ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental.
En marzo de este año, la empresa presentó la discrepancia al panel de concesiones, el cual recomendó que el MOP debe pagarle UF 13.154 por el costo financiero asumido. También sugirió que el MOP debería abonarle UF 803.827, que según ellos, es la diferencia entre el monto reconocido por el MOP como Monto de Restitución y el precio que resultaría de poder facturar el IVA de construcción desde el inicio de las obras. Los abogados del MOP afirmaron que ambas pretensiones se basan en una interpretación errónea de las Bases de Licitación.