La minería formal y la minería artesanal o informal se han visto afectadas económicamente con millonarias pérdidas para sus sectores, el país y la población, debido a la suspensión de toda actividad minera, decretada por el Gobierno por 30 días como una medida improvisada y de urgencia en la lucha contra la criminalidad.
La Sociedad Nacional de Minería advierte que la retractación del Gobierno, al confirmar la paralización total de la minería en Pataz tras la masacre de 13 trabajadores, carece de sustento técnico y pone en riesgo la economía nacional.
Al reciente pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), a través de su presidenta, Julia Torrealba, para que el Ejecutivo dé marcha atrás con esta restricción, se suma ahora el del alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños. En comunicación con Perú21, demandó a la presidenta Dina Boluarte dejar sin efecto dicha medida.
“Si para el Gobierno central le es incómodo que la población haga minería artesanal, tiene que generar algo alternativo. Tiene que decir: ‘No te dediques a la minería artesanal, pero dedícate a esto’”, señaló.
Según Mariños, la suspensión de la minería en los distritos liberteños de Pataz, Parcoy y Tayabamba ha generado pérdidas por US$90 millones al sector artesanal o informal, y ha dejado sin empleo a 12,000 personas. A ello se suma el impacto negativo en el comercio y la agricultura.
El alcalde también anunció que deja sin efecto su anunciada marcha a Lima y precisó que esta semana viajará a la capital para reunirse con el premier Gustavo Adrianzén con el objetivo de exigir que se levante tanto la medida como el toque de queda.
GOLPE A LOS FORMALES
Por otro lado, según la SNMPE, la suspensión también afecta al país porque deja sin empleo a 4,000 trabajadores, entre directos e indirectos, y representa pérdidas para el Estado de S/25 millones mensuales por concepto de canon y regalías, además de más de US$80 millones al mes en divisas.
SABÍA QUE
-“Mi crítica va de que no existe un plan de cómo luchar frontalmente contra la criminalidad (en Pataz)”, dijo a Perú21 el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños.
-Minería ilegal movería US$12,000 millones este año. El exviceministro del Interior Ricardo Valdés señaló a Perú21 que el incremento —según el IPE— se debe al aumento de la onza del oro, que está en US$3,500. “Esto supera a todo el presupuesto que se destina al Ministerio del Interior”, advirtió.
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