La reciente promulgación de la Ley 32326 por parte del Poder Ejecutivo generó un fuerte rechazo por parte de la Junta de Fiscales Supremos. En este, se considera que la norma afecta gravemente las capacidades del Estado para enfrentar delitos graves como la corrupción, el lavado de activos, el crimen organizado y los delitos medioambientales. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, encabezó la crítica, expresando un “rotundo rechazo” a esta modificación de la Ley de Extinción de Dominio.
Uno de los puntos más polémicos de la nueva ley es que, para decomisar bienes, ahora se requiere una sentencia firme y consentida. Esto alarga los plazos y dificulta la recuperación de patrimonios ilícitos. Según Espinoza, este cambio debilita la lucha contra el crimen. La extinción de dominio, que antes no tenía plazo, ahora prescribe en cinco años. Este ajuste favorece a las organizaciones criminales, permitiéndoles legalizar sus bienes mediante retrasos judiciales.
El Ministerio Público también cuestiona que la ley haya sido aprobada sin tomar en cuenta las observaciones técnicas de su institución ni de organismos nacionales e internacionales especializados en la materia. Según los fiscales, esta omisión aleja al país de los estándares globales y coloca a Perú en una posición desfavorable frente al crimen organizado. “Este cambio convierte al país en un blanco más vulnerable para las redes delictivas”, advirtieron.
Espinoza resaltó que, con la nueva ley, el Estado pierde una herramienta efectiva y rápida para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita. Esta modificación afectará de manera directa a casos emblemáticos en los que los investigados poseen grandes fortunas sin justificación legal, pues con los nuevos plazos podrían evitar el decomiso de sus bienes.
Finalmente, la Junta de Fiscales denunció que la Ley 32326 fue aprobada sin un debate público ni técnico adecuado, acusando que el proceso legislativo respondió a intereses políticos y no a la búsqueda de justicia o la protección del Estado.