Extrañamente, la Sétima Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima inició una investigación preliminar por presunto abuso de autoridad contra el fiscal adjunto provincial Sergio Rojas Torres, integrante de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, a raíz de una denuncia presentada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez.
Esta investigación fiscal, sería parte de la campaña de persecución que realiza el Ministerio Público, secuestrado por la izquierda caviar, para blindar y proteger a fiscales que no se someten a las decisiones de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza y su entorno.
Según la resolución fiscal, el hecho investigado ocurrió el pasado 8 de abril, cuando Pérez fue impedido de ingresar a su despacho para entregar el cargo y recoger sus pertenencias, tras haber sido suspendido de forma preventiva por seis meses.
La orden de restricción fue emitida por Rojas Torres a través de un oficio dirigido al personal de seguridad de las oficinas del equipo especial.
“Entonces la conducta desplegada por Sergio Abrahan Rojas Torres, en su condición de fiscal adjunto provincial de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro, se subsumiría en delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 376 del Código Penal”, señala el documento, citando el artículo 376 del Código Penal.
La fiscalía estableció un plazo de 60 días para la investigación preliminar y ordenó diversas diligencias, entre ellas las declaraciones de Pérez Gómez, del propio Rojas Torres y del personal de seguridad involucrado.
Este nuevo episodio se produce luego de que, el pasado 5 de mayo, la ANC dejara sin efecto la suspensión preventiva de Pérez. La Dirección General de Apelaciones declaró fundada en parte la apelación presentada por el fiscal, permitiendo su reincorporación al Equipo Especial Lava Jato.
Pérez había sido suspendido por presuntamente intervenir en un proceso del cual estaba legalmente impedido, al haber incluido como investigado al abogado Arsenio Oré Guardia, exdefensor de Keiko Fujimori, en el caso de obstrucción a la justicia, pese a una solicitud previa para inhibirse del caso.