La Fiscalía de la Nación presentó una tercera denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, dos expremieres y cuatro exministros, por presuntas responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Los hechos abarcan el periodo entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
Entrevistamos al ex-viceministro del Interior, Ricardo Valdés, sobre la última encuesta de Ipsos que refleja la casi nula aprobación de la presidenta Dina Boluarte, incluyendo un 0% en la región del Norte peruano.
La demanda, enviada al Congreso, alcanza a los exprimeros ministros Alberto Otárola y Pedro Angulo, así como a los exministros César Augusto Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas y Vicente Romero. Se les acusa de haber cometido los presuntos delitos de lesiones leves y graves en agravio de ciudadanos como Ronald Rojas y Michael Chipana, entre otros afectados durante las protestas.
El abogado de Boluarte, Joseph Campos, cuestionó la denuncia y afirmó en RPP que esta sería la tercera vez que se presenta una acusación constitucional por los mismos hechos. Recordó que la primera fue formulada por la exfiscal Patricia Benavides, quien imputó a Boluarte el delito de genocidio por seis de las 49 víctimas mortales registradas entonces.
La segunda denuncia fue presentada por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, quien archivó el cargo de genocidio y reformuló las imputaciones. La actual denuncia ha sido planteada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La Fiscalía anunció en sus redes sociales la presentación de la tercera denuncia constitucional.
Campos criticó la reiteración de las acusaciones y acusó a la Fiscalía de “politizar el derecho”. “Esta forma de investigar destruye la política. Durante 18 meses la llamaron ‘genocida’ solo por estar siendo investigada por ese delito”, afirmó.
Según el documento fiscal, 75 personas resultaron heridas con lesiones leves o graves durante la intervención de las fuerzas del orden en varias regiones del país. Las lesiones habrían sido provocadas por el uso de armas letales y no letales por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
La denuncia señala que los altos funcionarios, incluido Boluarte, tenían pleno conocimiento del accionar de las fuerzas del orden y, pese a ello, omitieron su deber de intervenir para evitar más víctimas, incurriendo así en una presunta violación de derechos humanos.
🚨#Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el @congresoperu contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto… pic.twitter.com/vKTGjcWyFU
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