El Congreso de la República oficializó las resoluciones que declaran haber lugar a formación de causa penal contra el expresidente Francisco Sagasti, así como contra los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice. Los funcionarios son acusados de presunto abuso de autoridad.
La Resolución Legislativa 010-2024-2025-CRS atribuye al exmandatario haber pasado al retiro de forma arbitraria a tenientes generales y oficiales de generales de la Policía Nacional, así como haber declarado infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los efectivos policiales.
La acusación se centra en supuestas irregularidades durante su gobierno interino, cuando se renovó de forma abrupta el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP), poco después de la crisis política de noviembre de 2020. Según el Congreso, Sagasti habría firmado resoluciones supremas que ordenaron el pase al retiro de altos oficiales sin justificación suficiente y que rechazaron recursos de reconsideración de manera arbitraria.
“El Congreso de la República resuelve declarar haber lugar para la formación de causa penal contra el señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, en su condición de expresidente del Congreso y ex jefe de Estado, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad”, indica la resolución legislativa 010-2024-2025-CR, publicada de manera oficial.
En cuanto a los exministros Vargas y Elice, se les atribuye haber emitido las resoluciones que ordenan el paso al retiro, así como la resolución suprema que designa al nuevo comandante general de la PNP.
Las resoluciones legislativas 011-2024-2025-CR y 012-2024-2025-CR, sindican a ambos ministros, respectivamente, de haber incurrido en abuso de autoridad.
Pese a esta decisión, el Pleno del Congreso no pudo inhabilitar a Sagasti del ejercicio de la función pública por 10 años. La moción alcanzó 60 votos, seis menos de los 66 requeridos. Sin embargo está pendiente una reconsideración a la votación que desechó la inhabilitación.
La resolución también alcanza a los exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice, ambos implicados en la misma controversia, y al exministro de Defensa Walter Ayala, a quien se le imputa el presunto delito de patrocinio ilegal. Todos ellos quedaron habilitados para ser investigados penalmente por sus decisiones durante el breve mandato de transición entre noviembre de 2020 y julio de 2021.