La disputa judicial entre la Municipalidad de Las Condes y la Inmobiliaria Nueva El Golf llegó a su fin: la alcaldía anunció hoy viernes el pago de $ 9.400 millones en indemnización al privado.
Este caso tiene una dilatada historia. En junio de 2021, la empresa había demandado a la alcaldía por “falta de servicio”, luego de que ésta -liderada en ese entonces por Joaquín Lavín- paralizara tres veces (por un total de más de 300 días) la construcción de un complejo de dos edificios (ya operativos) en Av. Américo Vespucio esquina Renato Sánchez, en el barrio El Golf.
La inmobiliaria -de los arquitectos Pablo Letelier y Juan José Gana, y representada en el juicio por Sebastián Yanine, socio de Bofill Escobar Silva Abogados- pidió ser indemnizada porque, dijo, la paralización del proyecto trajo consigo “desastrosas consecuencias operativas, contractuales, financieras y, en definitiva, económicas” para Nueva El Golf.
El municipio solicitó rechazar la acción, pero, el 11 de junio del año pasado, el 4º Juzgado Civil de Santiago la acogió y condenó a la alcaldía a pagar la indemnización a la inmobiliaria.
El municipio presentó dos recursos: de casación en la forma y otro de apelación subsidiario, sin éxito. También llegó hasta el Tribunal Constitucional, que rechazó un recurso de Las Condes que buscaba que se declarara inconstitucional el rechazo que recibieron de la Corte de Apelaciones de Santiago con la pretendían revertir la decisión del tribunal de primera instancia.
Hoy viernes, el municipio anunció el pago de la indemnización. “Es un daño enorme al patrimonio de los vecinos de Las Condes. Esto va a tener un grave impacto en las finanzas de la comuna y podría condicionar la ejecución de proyectos muy relevantes para nosotros”, dijo la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.
Sebastián Yanine sostuvo que, con el pago de los perjuicios ocasionados a la inmobiliaria, se cierra un ciclo y se consolida un precedente muy relevante. “Desconocer permisos válidamente otorgados, para responder transitoriamente a presiones de grupos específicos, termina perjudicando no solo a las empresas afectadas, sino que a toda la comunidad”, afirmó.
El abogado añadió: “Esperamos que lo ocurrido en la comuna de Las Condes sea un llamado de atención relevante a las autoridades sobre la necesidad de respetar el Estado de Derecho, pues como en este caso, nuestra justicia los hará prevalecer tarde o temprano”.
El pasado 11 de mayo, este medio había publicado un artículo que daba cuenta que las partes solicitaron suspender el procedimiento judicial, lo que fue visado, con el objetivo de negociar una fórmula para que la alcaldía le pagara al privado.