Por: Luis De Stefano Beltrán, PhD (*) y Ernesto Bustamante, PhD (*)

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Por: Luis De Stefano Beltrán, PhD (
) y Ernesto Bustamante, PhD (**)

Francis Bacon en su ensayo Sobre las Innovaciones, publicado en 1625 dijo “Quien no aplica nuevos remedios debe esperar nuevos males, pues el tiempo es el mayor innovador”. Solucionar viejos problemas sin considerar nuevas realidades, conducirá irremediablemente a resultados o consecuencias negativos.

El Principio Precautorio (PP) es un enfoque de la gestión de riesgo que en su versión más benévola exige pruebas exhaustivas de seguridad antes de adoptar nuevas tecnologías o iniciar nuevos proyectos y por lo tanto prima facie suena como una salvaguarda sensata. Sin embargo, en el Perú, algunas ONG han convertido este principio en un arma muy efectiva para bloquear el desarrollo económico, perpetuando pobreza y atraso en un país que necesita desesperadamente de nuevas tecnologías y nuevos emprendimientos. La obsesión paralizante de ciertas ONG con la precaución termina por sofocar la innovación y condena a millones a un futuro cada vez más incierto.

El origen moderno del PP se remonta al tratado de Maastricht en los años 1950, aunque sus raíces filosóficas parecen ser más antiguas. Aristóteles en su Ética a Nicómaco desarrolla el concepto de phronesis (prudencia o sabiduría práctica), que implica tomar decisiones juiciosas en contextos de incertidumbre previniendo las consecuencias de nuestras acciones y actuando para evitar daños. El término moderno surge en Alemania Occidental en un contexto ambiental con el concepto de Vorsorgeprinzip. Así, el PP se desarrolló rápidamente durante los debates sobre la contaminación industrial y la protección de los bosques frente a la lluvia ácida. En 1974 la legislación alemana incorporó la idea de actuar preventivamente ante riesgos potenciales en la Ley de Control de Emisiones. El resto ya es historia. El PP se globaliza en los 1990 a través de la Declaración de Río, y se consolida en varios tratados internacionales.

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En su aplicación más estricta el PP establece que si existe una sospecha razonable de que una acción podría causar daño, aún en ausencia de evidencia científica, esta acción debe evitarse. Lamentablemente, aunque busca proteger contra riesgos inciertos, es esa aplicación estricta la que, en países en desarrollo como el Perú, ha generado controversias por obstaculizar el progreso. Su historia refleja un equilibrio muy difícil entre prudencia y acción en un mundo complejo.

En el Perú, el abuso del PP por parte de algunas ONG es evidente en sectores claves como agricultura, ambiente, minería y energía. Tomemos el caso de los cultivos genéticamente modificados (OGM). Hace décadas, ONG como la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, y la Red de Acción en Agricultura Alternativa, RAAA, han organizado numerosas campañas alarmistas contra el cultivo de OGM, usando argumentos falsos y falaces para exigir exigiendo moratorias indefinidas bajo el pretexto de riesgos ambientales y a la salud. En el 2011, estas presiones culminaron en la Ley 29811, que impuso una moratoria de 10 años sobre los OGM, extendida hasta el 2035 por la Ley 31111, una modificatoria de la ley original sin sustento real. Mientras tanto, países como Brasil han aprovechado los OGM para aumentar su producción de soya en un 20% entre 2010 y 2020, generando riqueza y seguridad alimentaria. En el Perú, los agricultores de regiones como Loreto y San Martín experimentan rendimientos muy bajos entre otros factores por el continuo ataque de plagas. Sin embargo, las ONG insisten en un enfoque sibarita de «prohibir por si acaso» ignorando muchos miles de estudios científicos que confirman la seguridad de los OGM. Este bloqueo no protege la biodiversidad; priva a los peruanos de herramientas para combatir el hambre.

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La minería es otro blanco favorito de las ONG que abusan del Principio Precautorio. En 2021, en Ayacucho, algunas ONG como Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción apoyaron protestas contra proyectos mineros como Los Chancas, alegando posibles daños ambientales sin ninguna evidencia científica concluyente. Estas acciones, basadas en el principio de «mejor prevenir que lamentar», paralizaron un proyecto que pudo haber generado miles de empleos y millones en ingresos para comunidades empobrecidas. El Tribunal Constitucional peruano ha advertido que el Principio Precautorio debe aplicarse con «indicios razonables» y medidas proporcionales (STC 3510-2003-AA/TC); pero estas ONG prefieren un enfoque maximalista que busca riesgo cero, ignorando las necesidades de desarrollo.

En el sector energético, el impacto es igualmente grave. En 2019, ONG como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) cuestionaron proyectos hidroeléctricos en la Amazonía, como el de Mazán en Loreto, argumentando riesgos para los ecosistemas, sin pruebas definitivas. Estas campañas han retrasado iniciativas que podrían llevar electricidad a más de 700,000 peruanos que aún viven sin ella, según datos de 2024. Mientras las ONG celebran con champaña su «defensa del medio ambiente», miles de familias en la selva siguen dependiendo de lámparas de querosene exponiéndose a enfermedades respiratorias crónicas.

Estas ONG, muchas financiadas por países donantes y ONG extranjeras, operan con una fatal arrogancia que desestima las realidades locales. Su retórica apocalíptica ignora el pragmatismo que el Perú necesita. Como señaló Carl Sagan, «La extinción es la regla. La supervivencia es la excepción». En un país donde el 27% de la población vive en pobreza, su supervivencia exige acciones.

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No se trata de rechazar la precaución, sino de exigir un enfoque equilibrado. El Principio Precautorio debe aplicarse con evidencia razonable y medidas proporcionales, como lo establece la Ley General del Ambiente, Ley 28611. Las ONG deben rendir cuentas por el daño que causan al bloquear soluciones viables. Es hora de desafiar su narrativa elitista y priorizar el bienestar de los peruanos. Como dijo Buckminster Fuller, «No cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el existente sea obsoleto.» El Perú necesita un nuevo modelo: uno que abrace la innovación y deje atrás la parálisis impuesta por el miedo.

(*) Biólogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

(**) Biólogo Molecular y Congresista de la República

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