La tensión en el sector pesquero sigue en aumento. Las empresas están esperando lo que suceda en el Congreso la última semana de mayo, pero ya están preparando sus estrategias legales para enfrentar el impacto de la ley de fraccionamiento.
La situación se complicó cuando el subsecretario de Pesca, Julio Salas, cometió un error en las cifras de captura de merluza común durante su presentación en el Congreso, en un intento de justificar la transferencia de cuotas de los industriales a los artesanales.
Este error dejó en una posición comprometida al Ejecutivo y fue denunciado por PacificBlu, que declaró públicamente que tendría que cerrar si se aprueban los nuevos límites del 52% para la pesca artesanal y el 48% para el sector industrial, en lugar del 40% y 60% respectivamente.
El subsecretario y el ministro de Economía se vieron obligados a comparecer ante el Congreso en una sesión acalorada donde se discutió el futuro de la merluza común. La votación se pospuso para la próxima semana, separando la merluza del resto de las pesquerías.
La ley aprobada afecta directamente a 21 de las 22 pesquerías vigentes, incluyendo la sardina común, la anchoveta y la reineta, entre otras.
El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) acusó que la nueva ley cambia las reglas del juego antes del plazo originalmente establecido para 2032, y aunque ahora se extiende hasta 2040, no hay garantías de que no vuelva a modificarse antes de esa fecha.
Un estudio realizado por el exsubsecretario de Pesca, Andrés Couve, señala que la industria perdería US$ 410 millones entre 2025 y 2032, lo que equivale al 22,5% del valor actual de las Licencias Transables de Pesca (LTP).
Además, hay preocupación por la dificultad de implementar la ley debido a sus imprecisiones y a la ampliación de las facultades discrecionales del Subsecretario de Pesca para distribuir la cuota artesanal.
Ante esta situación, varias empresas pesqueras han comenzado a alzar la voz y a preparar equipos legales para enfrentar lo que consideran una expropiación encubierta.
Camanchaca, una de las principales compañías pesqueras centrada en el jurel, ha contratado a un abogado para diseñar una estrategia legal que busque obtener indemnizaciones por los perjuicios que provocará la ley al vulnerar derechos adquiridos.
Landes y Blumar también han optado por la vía judicial, presentando solicitudes y anunciando acciones legales para proteger sus intereses y los de sus accionistas.
Blumar ha advertido que si el proyecto se aprueba tal como está, se verán afectados más de 6.500 empleos en la región del Biobío y ya ha suspendido la construcción de una nueva planta, congelando la creación de 450 nuevos puestos de trabajo.
Finalmente, la firma de capitales noruegos Foodcorp está evaluando recurrir a tribunales internacionales.
Corpesca, del grupo Angelini, ha optado por mantenerse al margen en medio de esta controversia, mientras que el Estado aún debe resolver cómo recuperará la recaudación que obtenía de los industriales.
La propuesta presentada por el Ejecutivo para compensar la merma en la recaudación fiscal consiste en recaudar a través de una patente especial. Esta propuesta quedará pendiente hasta la próxima sesión.
La industria pesquera se encuentra en una situación delicada, con empresas preparándose para enfrentar legalmente las consecuencias de la nueva ley y buscando proteger sus intereses frente a los cambios en el sector.