El pago del impuesto territorial, también conocido como las contribuciones de bienes raíces, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para algunas familias. Los contribuyentes tienen la opción de reclamar resoluciones del SII respecto a bienes raíces a través de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) o de forma administrativa ante el mismo SII, utilizando el formulario 2118.
En los últimos años, se han reportado casos de aumentos significativos en el avalúo fiscal de propiedades, lo que se traduce en un incremento en la cuota trimestral de contribuciones. Este gasto ha pasado de representar menos del 1% del presupuesto familiar a un 2% en la última década.
Cada cuatro años, el SII reevalúa las propiedades habitacionales no agrícolas, lo que levanta preocupaciones sobre posibles incrementos en la cuota, especialmente en un contexto de alza en el costo de vida post pandemia.
Los contribuyentes pueden presentar reclamos ante aumentos considerados injustificados en el valor de sus propiedades y su gravamen territorial, ya sea a través de los TTA o administrativamente ante el SII utilizando el formulario 2118.
En 2024 se registraron 48,490 solicitudes de reconsideración de avalúos de bienes raíces, lo que representa un aumento del 15% en comparación con 2023. La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de reclamaciones, seguida por Maule y Valparaíso.
Durante el último reavalúo, se estableció una tasa del 0.893% al año para bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación, con un límite de avalúo fiscal exento del tributo de $47,360,490. La Ley N° 17,235 permite al Ejecutivo aplicar tasas rebajadas si el giro total de contribuciones supera el 10% a nivel país.
Los socios de distintos estudios jurídicos señalan que los contribuyentes están cuestionando con mayor fuerza las decisiones del SII debido a la falta de claridad en los parámetros utilizados para los reavalúos. El aumento en las solicitudes de reconsideración se debe a una sensación de inseguridad jurídica y vulneración de derechos.
Las inmobiliarias se han visto afectadas por los aumentos en el avalúo fiscal, ya que también implican un mayor impuesto al patrimonio. A pesar de que la mayoría de los reclamos no son exitosos, los contribuyentes están aprovechando las herramientas de defensa legal disponibles.
En resumen, el pago del impuesto territorial ha generado preocupación entre los contribuyentes, quienes buscan cuestionar los aumentos injustificados en el valor de sus propiedades a través de reclamos administrativos y judiciales.