Tomás Gálvez rechazó enfáticamente el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de suspenderlo por 36 meses, argumentando que no tiene ninguna investigación en la Fiscalía y que el proceso constitucional en su contra debería archivarse pronto. Según Gálvez, la solicitud de suspensión carece de fundamentos jurídicos y técnicos, ya que no hay ninguna investigación en su contra en la Fiscalía de la Nación.
El exfiscal supremo también señaló que hay manejos irregulares en el Ministerio Público que buscan evitar su retorno, insinuando que hay situaciones turbias en la institución que les generan temor. A pesar de las acusaciones en su contra, Gálvez se mantiene firme en su posición y se muestra confiado en que podrá demostrar su inocencia.
Por otro lado, se menciona un caso polémico relacionado con el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quien tiene varias denuncias en su contra, incluyendo una por lesiones en agravio de una persona. A pesar de estas acusaciones, fue nombrado en un cargo importante y se le encomendó la realización del censo este año.
En cuanto a Christian Salas, exabogado de Fuerza Popular, este ha negado haber mantenido conversaciones con el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público sobre otros fiscales. Salas asegura que no hay un complot en su contra y que las acusaciones en su contra son infundadas.
Por otro lado, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se ausentó de una cita con la Comisión de Justicia del Congreso, donde se esperaba que ofreciera detalles sobre investigaciones en curso y decisiones tomadas en su gestión. Ante esta situación, los congresistas decidieron reprogramar la sesión para una fecha posterior.
Finalmente, se menciona un proyecto de ley presentado por el congresista Edgard Reymundo Mercado que busca permitir a gobiernos regionales y locales colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público en la ejecución de proyectos de inversión o adquisición de equipos, garantizando la independencia de ambas instituciones.
En resumen, las acusaciones, negaciones y ausencias en las altas esferas del poder judicial y fiscal en el Perú generan controversia y preocupación en la opinión pública, mientras que los proyectos de ley buscan mejorar la colaboración entre diferentes entidades para fortalecer el sistema judicial y fiscal del país.