El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se presenta esta mañana ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República para sustentar el proyecto presentado por esa entidad electoral que plantea suspender las inscripciones ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) de los partidos que concretaron este trámite con firmas falsas.
Perú21 reveló el año pasado las reuniones que tuvieron representantes de la minería ilegal con congresistas.
Perú21 reveló, semanas atrás, que 32 de los 43 partidos políticos que cuentan con una inscripción vigente y, por lo tanto, están habilitados para presentar candidatos en las elecciones generales de 2026, registran firmas falsas.
Del total de agrupaciones, seis de ellas aglutinan más del 60% de registros observados por las autoridades electorales. Se trata de los partidos Perú Moderno, partido político PRIN, Demócrata Verde, Primero la Gente, Perú Primero y Voces del Pueblo.
En el caso de Perú Moderno, de un total de 97,864 firmas verificadas, 16,560 están observadas; en segundo lugar figura el partido PRIN que tiene 13,392 firmas observadas de 56,561 mientras que Demócrata Verde tiene 7,204 firmas observadas de un total de 103,682.
De acuerdo a la iniciativa del JNE, la medida se aplicaría de “manera excepcional y por única vez” en las elecciones generales 2026 así como en las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo también el próximo año.
La propuesta contempla también suspender el procedimiento de inscripción de organizaciones políticas si es que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en el proceso de verificación de firmas y de la impresión dactilar, advierte registros no válidos que provengan del mismos puño gráfico.
En esos casos se precisa, el procedimiento de inscripción de la agrupación queda en suspenso hasta que el JNE emita un pronunciamiento definitivo.
El máximo organismo electoral, además, plantea que las organizaciones políticas tengan responsabilidad penal por los delitos de falsificación de documentos cuando estos hayan sido cometidos en su nombre y en su beneficio directo o indirecto por su personal legal su fundador o algún directivo que integre el máximo órgano ejecutivo.
“Queremos acciones concretas para combatir esta problemática, como permitir que la fiscalización sea permanente e inopinada, lo que ayudaría a que la efectividad sea más potente”, sostuvo, días atrás, el titular del JNE Roberto Burneo.
“Una sociedad no puede permitirse trabajar a medias tintas ni ser permisivamente ante estos actos delictivos” de los que aspiran a dirigir al país. “Tenemos denuncias desde el año 2000, que aún no se han resuelto y queremos cambiar eso”, añadió.
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