La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) alertó sobre los riesgos del Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR. Este se debatirá hoy en la Comisión de Justicia del Congreso. Esta iniciativa plantea modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para limitar la participación privada y promover la estatización de la actividad portuaria en el Perú.
AFIN recordó que la experiencia reciente muestra que cuando el Estado asume un rol empresarial, lo hace con intereses políticos más que técnicos, lo que ha generado problemas históricos en entidades como la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) y Petroperú. Estos casos han terminado representando una carga para el país y sus ciudadanos.
El proyecto de ley en debate propone que el sector privado no tenga participación en la actividad portuaria y que el Estado pueda asociarse solo hasta en un 40%, y solo por un periodo máximo de 10 años. Esta limitación, según el gremio empresarial, habría impedido el desarrollo de importantes obras como el puerto de Chancay, que actualmente es un eje clave para el comercio exterior peruano.
El gremio empresarial calificó la propuesta como un retroceso significativo que va en contra de los avances en modernización, eficiencia y competitividad del sistema portuario logrados en las últimas dos décadas. AFIN advirtió que la aprobación de esta norma pondría en peligro tanto proyectos actuales como futuros, afectando la capacidad del país para integrarse al comercio internacional y limitaría el crecimiento económico.
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Además, AFIN destacó que el proyecto no toma en cuenta los contratos de concesión vigentes con inversiones privadas ya comprometidas, lo que podría generar conflictos legales y frenar el desarrollo del sector.
Por ello, la asociación hizo un llamado a la Comisión de Justicia del Congreso para que archive el proyecto, argumentando que esta medida no responde al interés nacional, sino que debilita la infraestructura portuaria y limita la competitividad del Perú en el contexto global.
En conclusión, AFIN enfatiza que el país requiere más inversión privada, mayor conectividad y un sistema logístico eficiente para impulsar su desarrollo, en lugar de aumentar el control estatal sobre empresas que históricamente han demostrado baja eficiencia.