El viernes pasado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio a conocer una decisión que remeció a la cartera: la ministra Jessica López solicitó la salida de Juan Manuel Sánchez como Director General de Concesiones (DGC), una repartición clave de la secretaría.
Distintas fuentes del sector apuntan a que su salida se debe a una serie de problemas que arrastra el sistema de concesiones. Según explican, el principal objetivo de Sánchez era maximizar el número de proyectos en licitación. Sin embargo, aunque ese enfoque también es relevante para la ministra, no habría resultado suficiente para ella.
Ahora bien, ¿qué precipitó su salida en este momento? Todo indica que “la gota que rebalsó el vaso” fue la crisis que rodea al Hospital de Antofagasta, cuya concesionaria es controlada en un 51% por Concesiones Viales SpA, sociedad que, a su vez, es controlada por Sacyr Concesiones Chile SpA -filial de la española-, también con un 51%. Otros accionistas son Toesca Infraestructura SC Fondo Inversión y otra firma de capitales ibéricos denominada Global Dominion Access.
La crisis
El conflicto tiene dos aristas: una estructural y otra administrativa. El recinto, abierto al público en 2018, ha estado envuelto en controversias desde sus inicios. Vecinos, pacientes y autoridades regionales han denunciado reiteradamente deficiencias en su funcionamiento, como riesgos estructurales, filtraciones, problemas con los ascensores y suspensión de cirugías.
Solo en el último año, el hospital ha registrado seis faltas. La más reciente ocurrió el pasado miércoles, cuando una falla en el sistema de climatización obligó a suspender 20 cirugías programadas y dejó inhabilitados seis pabellones.
Consultada por DF, la concesionaria explicó que “actualmente, estamos ejecutando trabajos enfocados en la mejora de tuberías del sistema de climatización del recinto hospitalario. Al mismo tiempo, como Sociedad Concesionaria, hemos reforzado nuestra dotación con varios equipos especializados y de trabajo exclusivo en el sistema de climatización, de manera que las emergencias se atienden en el tiempo mínimo”.
En el plano administrativo, la concesionaria enfrenta una reestructuración en la operación de servicios del hospital. En concreto, el contrato contempla tres bloques de prestaciones durante la etapa de explotación: Servicios Especiales Obligatorios, Servicios Complementarios y Servicios Básicos.
Global Dominion y Sociedad Parking Siglo XXI -ligada a Sacyr- están a cargo de los dos primeros bloques, respectivamente. En tanto, los Servicios Básicos estaban, hasta hace algunas semanas, en manos de Operadora Salud Siglo XXI, firma integrada por Sacyr (90%) y Dominion (10%). Este paquete incluía ocho prestaciones.
El problema surgió cuando algunos de estos servicios comenzaron a ser mal evaluados por la DGC. Según la normativa, si el índice de cumplimiento mensual es inferior a los 70 puntos, la concesionaria debe implementar mejoras en sus sistemas. En el caso de Salud Siglo XXI, tres prestaciones -aseo, alimentación y mantención- estuvieron por debajo del umbral, lo que llevó a Sánchez a solicitar un cambio de operador.
Sin embargo, la española optó por retirarse no solo de los servicios mal evaluados, sino de la totalidad del bloque, salida que se hará efectiva el próximo 30 de mayo.
Desde la concesionaria informaron que ya se definió un nuevo esquema para asegurar la continuidad operativa. La empresa Serveo asumirá los servicios de mantención de infraestructura, aseo y limpieza, gestión de ropería y guardarropía, y seguridad y vigilancia. En tanto, OX estará a cargo del control sanitario de vectores; Veolia, de la gestión integral de residuos hospitalarios; y Parking Siglo XXI continuará a cargo de los estacionamientos.
Eco político
Además de los antecedentes ya mencionados, la situación escaló políticamente, y según fuentes del sector, esto podría haber presionado a la ministra para concretar la salida de Sánchez. Días antes, el senador Pedro Araya (PPD) pidió su renuncia, señalando que “no es posible tolerar esta cantidad de fallas, el costo financiero y, sobre todo, el impacto en la salud de las personas. No se han aplicado las multas correspondientes, no se hizo la pega”.
A ello se sumó el Presidente Gabriel Boric, quien en una visita a la región recibió una carta de autoridades locales manifestando su preocupación por el hospital. En respuesta, afirmó haber encargado a la ministra de Obras Públicas encontrar una pronta solución.
Pese a lo anterior, la salida de Sánchez generó sorpresa. En una carta publicada en El Mercurio de Calama, el gobernador Ricardo Díaz lamentó el momento del cambio. “Luego de ocho años, los gremios de la salud por fin tenían la oportunidad de revisar el contrato y modificarlo. Pero hoy sabemos que dicha jefatura ya no sigue, y al parecer volvemos a fojas cero”, escribió.