Optimista está el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, sobre el proyecto de sala cuna, que junto a su par de la cartera de la Mujer, Antonia Orellana, debe sacar adelante como parte de las prioridades planteadas por el Presidente Gabriel Boric.
Lo central de la iniciativa -que es parte de las 26 que se han presentado en los últimos 28 años-, busca eliminar la restricción que consigna el artículo 203 del Código del Trabajo, el cual establece que solo las empresas que emplean a 20 o más mujeres deben garantizar el derecho a sala cuna para sus trabajadoras.
“Nos parece que es sumamente relevante avanzar en este proyecto de ley y creemos que hoy estamos en un momento en el cual hay espacio para que eso ocurra”, dice el secretario de Estado, quien sucedió en la cartera a Jeannette Jara.
“La actual ley y nuestra indicación establecen que el empleador tiene la obligación de cumplir con el derecho de la sala cuna. El fondo va a contribuir a que ese derecho se lleve adelante”.
Otro tema sensible es el financiamiento. El proyecto contempla la creación de un fondo, que se financiará con una nueva cotización, y que entregará un aporte de UTM 4,11 por matrícula y mensualidades, lo que son cerca de $ 283 mil.
Sin embargo, un estudio de Pluxee (antes Sodexo) mostró que a nivel de sala cuna en establecimientos privados la matrícula promedio es de $ 418.717, mientras que la mensualidad asciende a unos $ 543.571.
– En caso de existir copago, ¿en quién recae el pago de esa diferencia en los costos? ¿en las propias familias o los empleadores?
– La actual Ley y nuestra indicación establecen que el empleador tiene la obligación de cumplir con el derecho de la sala cuna.
El fondo va a contribuir a que ese derecho se lleve adelante.
Por lo tanto, la Ley en ese sentido y al menos la indicación que hemos presentado, no modifica esas posibilidades.
– Entonces ¿recae en el empleador el pago del posible copago?
– El empleador tiene que cumplir el derecho a sala cuna, y, por lo tanto, tanto la Ley actual como nuestra indicación, no modifica el modo en que el empleador debe cumplir con ello.
– El Gobierno ha planteado su interés por incentivar la contratación de mujeres. Sin embargo, las indicaciones sustitutivas al proyecto del exPresidente Sebastián Piñera se presentaron hace un año y recién ahora se retoma el debate. ¿Hay algún mea culpa ante esta demora?
– Hay varias iniciativas que hoy son leyes de la República y que distintos gobiernos, de distinto signo político, intentaron impulsar y, finalmente, no prosperaron.
Partiendo por la actual reforma de pensiones, hay que recordar que las 40 horas fue originalmente una moción parlamentaria que estuvo dormida mucho tiempo en el Congreso; y otras iniciativas, en las que este Gobierno ha mostrado capacidad de construir acuerdos y que se transformaron en proyectos de ley. Por lo tanto, hemos tenido una estrategia que ha evaluado los momentos, la envergadura de los proyectos y el tipo de acuerdos que hay que concitar.
“A nosotros nos parece legítima la discusión que se ha abierto respecto a la cotización, pero este proyecto de ley tiene que ser visto como una inversión para el país. Cuando aumentas en cinco puntos la participación laboral de las mujeres, eso se traduce en un 2% de crecimiento”.
Así que si uno lo mira en el global, me parece que la agenda laboral del Gobierno ha sido eficaz y esperamos que eso se repita en el proyecto de ley de sala cuna. Además, como lo ha señalado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por cada punto de aumento de la participación laboral femenina, la economía crece 0,4%. Así que por una razón de justicia económica, nos parece que es sumamente relevante avanzar en este proyecto de ley y creemos que hoy estamos en un momento en el cual hay espacio para que eso ocurra.
– Hay actores que han criticado la fórmula propuesta por el Gobierno, en particular la creación de esta nueva cotización de 0,2% para un fondo de financiamiento. ¿Cómo toma las críticas?
– La principal fortaleza de este proyecto de ley, de esta indicación sustitutiva, son sus tres elementos centrales. Primero, elimina la barrera del artículo 203.
En segundo lugar, está la nueva cotización de 0,2% de cargo a los empleadores, por cada trabajador. Se creará un fondo en el que todos aportan, que lo que busca es redistribuir ese costo en el conjunto de los trabajadores, justamente con el objetivo de que no se penalice salarialmente a las mujeres que están en edad de tener hijos.
Y, el tercer elemento, es que en régimen este es un derecho que pueden ejercer tanto hombres como mujeres.
A nosotros nos parece legítima la discusión que se ha abierto respecto a la cotización, pero este proyecto de ley tiene que ser visto como una inversión para el país. Cuando aumentas en cinco puntos la participación laboral de las mujeres, eso se traduce en un 2% de crecimiento.
Y, lo segundo, es que para muchas empresas que pagan el derecho a sala cuna por los distintos mecanismos que contempla la ley, la cotización de 0,2 para muchas de esas empresas va a ser bastante menor.
– Otra inquietud que ha surgido en el debate es que esta nueva cotización implicará una nueva alza en los costos laborales…
– Nosotros, como ministerio, siempre hemos impulsado proyectos sobre la base de la evidencia técnica, y nos han planteado también que abordemos la discusión de la cotización.
Por ello, nos hemos comprometido como ministerio a presentar estimaciones de los actuales costos que existen en sala cuna, para poder efectivamente determinar las diferencias que existen entre los actuales costos que tienen los empleadores por cumplir este derecho y eso poderlo contrastar con esta cotización del 0,2. Nos parece que esa es la forma correcta de abordar este debate y, por lo tanto, esa es la forma también en que lo vamos a abordar en la comisión de Trabajo en el Senado.
– Se ha criticado que el proyecto y, por lo tanto, el fondo, solo considerara a los establecimientos con reconocimiento oficial, dejando fuera a los que solo tienen autorización de funcionamiento. ¿En qué está eso?
– Algo que es bien relevante es que como país nos tenemos que fijar como meta avanzar en el reconocimiento oficial. Esto no es simplemente un permiso administrativo, son ciertos estándares básicos que cualquier sala cuna tiene que cumplir.
Hay que recordar que en los últimos años hemos conocido casos de estándares que están muy por debajo de cualquier mínimo, y aquí los que están expuestos finalmente son los niños y las niñas. Eso no hay que olvidarlo. Acá estamos hablando de una sala cuna donde un padre o una madre envía a su hijo o hija, y confía que en ese espacio que van a estar bien cuidados.
Dicho eso, lo que señala efectivamente el proyecto es que se tiene que avanzar hasta ese reconocimiento oficial, pero también se va a evaluar en el debate transiciones que nos permitan hacelo.
Hay que considerar que hoy hay salas cunas que ni siquiera cuentan con los permisos de iniciación.
Entonces, también hay que colocar esto en un contexto. Hay un estándar educativo, y uno debiera pensar que tanto las salas cunas públicas como privadas tengan un estándar mínimo equivalente. No hay razones para pensar que haya dos estándares.
– ¿Cree que el proyecto será ley antes del término del Gobierno?
– El Presidente nos encargó avanzar en este proyecto como una prioridad, además de la implementación de la reforma de pensiones. Esto nos lo ha planteado tanto a mí como a la ministra Orellana como algo altamente prioritario y, por lo tanto, un indicador de logro de que esa prioridad se materialice es que este proyecto esté aprobado en nuestro Gobierno. Y así lo esperamos.