Constanza Hube
25.078. Este es el número de funcionarios públicos chilenos que, estando con licencia médica, viajaron al extranjero, según la Contraloría General de la República. Mientras declaraban estar incapacitados para trabajar, recorrían el mundo con cargo al erario público. ¿Y quién pagó por esos viajes? Usted, yo y todos los contribuyentes.
Mientras millones de ciudadanos cumplen sus deberes, trabajan y financian con sus impuestos el funcionamiento del Estado, miles de empleados públicos vieron en el sistema una oportunidad para el abuso impune. Esta no es una falla administrativa menor ni una anécdota burocrática. Es corrupción estructural. Una corrupción cotidiana, envuelta en procedimientos formales y amparada por un aparato estatal que ha dejado de fiscalizar y sancionar. En este escenario, el Estado no es solo víctima: es cómplice por omisión.
Desde una perspectiva económica, el costo de esta ineficiencia es múltiple. Existen gastos directos por licencias médicas mal otorgadas, costos indirectos por la pérdida de productividad en servicios esenciales, y un deterioro reputacional que mina aún más la ya debilitada confianza ciudadana en las instituciones públicas.
La reacción del Gobierno fue anunciar la creación de un comité para abordar el ausentismo laboral. Sin embargo, lo que se necesita con urgencia no es un comité, sino una política clara de desvinculación y sanciones ejemplares. Es indispensable intervenir de manera decidida aquellos servicios públicos que se han transformado en verdaderas zonas francas del abuso. Y a nivel estructural, resulta impostergable reformar el Estatuto Administrativo para habilitar causales objetivas de desvinculación y avanzar hacia un Estado más ágil, eficiente y al servicio de las personas.El problema no es nuevo. Un estudio de la Universidad Diego Portales ya había advertido que el uso de licencias médicas en el sector público triplicaba al del sector privado. Esta brecha no solo representa una carga adicional para las finanzas públicas; también genera una grave distorsión en la equidad del sistema laboral: mientras el trabajador privado enfrenta fiscalización y riesgo de despido, en el ámbito público la estabilidad laboral se transforma, en la práctica, en inmunidad.
Este fenómeno también desafía los discursos que atribuyen al servicio público una supuesta superioridad ética sobre el mundo privado. La ética no puede ser contingente ni selectiva: debe aplicarse con igual rigurosidad en todos los ámbitos, y especialmente en aquel que se financia con recursos de todos los chilenos.
El momento de actuar es ahora. No podemos seguir tolerando que quienes debieran ser servidores públicos se comporten como turistas subsidiados por el esfuerzo de todos. Y ya que estamos ad-portas de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, tal vez sea el momento de considerar una señal simbólica pero potente: que en cada repartición pública no solo cuelgue la imagen del próximo presidente de la República, sino también una frase recordatoria que diga, con claridad, que es el Estado el que debe estar al servicio de las personas —y no al revés.