A pesar de que no existe el término de licencia social en ninguna ley o norma peruana, algunas autoridades, funcionarios estatales y opositores a la minería moderna suelen utilizar este concepto como sinónimo de “consulta previa” o, peor aún, como un permiso social otorgado por las comunidades cercanas a proyectos mineros.
Por otro lado, la minería ilegal sí posee una especie de licencia social, en el sentido de que ha logrado desarrollar una estrategia social que la legitima en las áreas donde opera. Esta legitimidad ha llegado a confundir la minería ilegal con la minería informal, convirtiéndola en una alternativa “social” frente a la minería formal que cumple con sus obligaciones tributarias y genera empleo.
Mientras algunas organizaciones ambientalistas se oponen vehementemente a la minería moderna y formal, la minería ilegal ha logrado prosperar con la complicidad de autoridades, funcionarios y líderes locales. Incluso en ciertas zonas del país, las rondas campesinas, que solían oponerse a la minería, participan activamente en la minería ilegal.
Sin embargo, la sociedad ha comenzado a rechazar la minería ilegal, a pesar de los problemas y consecuencias negativas que esta conlleva, como muertes y impactos ambientales. Existe una oportunidad para implementar políticas más estrictas contra la criminalidad y la minería ilegal, dependiendo tanto del Congreso como del Ejecutivo.
Lamentablemente, las recientes decisiones tanto del gobierno Boluarte como del Congreso en relación con la minería ilegal han sido cuestionables. Además, se ha caído en la trampa de confundir lo informal con lo ilegal, o lo artesanal con lo ilegal. Por ejemplo, el congresista Bellido prefiere utilizar el término “artesanal” en lugar de “informal”. Si no se toman medidas al respecto, la minería ilegal podría llegar no solo al Congreso, sino también al gobierno, lo que sería crucial en la elaboración de políticas públicas.
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