El escándalo que ha sido revelado por la Contraloría General de la República en relación con los funcionarios públicos que utilizaron licencias médicas en 2023-2024 para viajar fuera de Chile parece estar creciendo de manera imparable.
En esta ocasión, la entidad liderada por Dorothy Pérez ha liberado el listado completo de las instituciones en las que se detectó un posible mal uso de las 35.585 licencias médicas, las cuales involucraron a 25.078 funcionarios estatales.
Se ha revelado una lista curiosa, en la que además de las entidades ya conocidas como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra, se suman cientos de municipios, ministerios, subsecretarías, organismos fiscalizadores de diversas áreas y varias empresas estatales.
Detalles de las cifras
Al analizar los datos, se observa que de las 35.585 licencias médicas que se habrían utilizado de manera irregular, 20.972 se concentran en 492 instituciones municipales, que incluyen municipalidades, asociaciones de municipalidades, Cesfam y corporaciones municipales relacionadas con la salud, educación, cultura, desarrollo social, entre otros.
En otras palabras, el 58,9% de los casos se encuentra en este segmento, encabezado por la Municipalidad de Arica (719 casos), la Corporación Municipal Desarrollo Social Iquique (515) y la Municipalidad de Puerto Montt (483).
La segunda categoría con un alto número de casos es el nivel central, que incluye ministerios, subsecretarías, entidades fiscalizadoras, servicios y otros, con 12.728 licencias. Aquí figuran las carteras de Obras Públicas (312), Relaciones Exteriores (29) y Bienes Nacionales (24). Hacienda también tiene un caso.
Otros servicios que destacan son el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) con 44 registros y la Dirección del Trabajo con 97.
También se suman el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con 75 casos, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con 18 y la Dirección de Presupuestos (Dipres) con cinco, representantes del mundo técnico de la institucionalidad económica del país, aunque con números más bajos en comparación con los miles detectados en Junji e Integra.
En tercer y cuarto lugar, según la dependencia administrativa, se encuentran las universidades y empresas públicas con 1.262 casos, y los gobiernos regionales con 117.
De hecho, de las 28 empresas estatales o sociedades con participación del Estado distribuidas en todo el país, 11 están en la lista, entre ellas: Codelco con 204 casos, BancoEstado con 317, Metro con 188, entre otras.
Revuelo con nombres
Más allá de las cifras, este viernes también surgieron nombres asociados a las denuncias. Uno de ellos fue el del exministro de Desarrollo Social y Familia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcos Barraza (PC).
En un comunicado de prensa en sus redes sociales, explicó que viajó a un Congreso del Partido del Trabajo en México el 4 de octubre de 2023, con los permisos legales extendidos por la Municipalidad de Santiago. “A mi regreso a Santiago, el lunes 9 de octubre, lo hice enfermo. Ya en Chile, fui al médico el 10 de octubre y se me extendió una licencia médica por el lunes 9 y el martes 10 de octubre”, declaró.
Otro funcionario que supuestamente no respetó el reposo médico es Raúl Domínguez, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), quien es cercano al Presidente Gabriel Boric. Sin embargo, ayer el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó su renuncia.
El revuelo podría continuar, ya que este viernes la Contraloría amplió la investigación sobre el mal uso de licencias a 250 médicos con funciones públicas que, mientras tenían licencia médica, asistieron a partos en recintos privados.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC), los hechos investigados abarcaron el período 2023 y 2024. Esto podría implicar el uso irregular de 440 licencias médicas emitidas en el período analizado, de las cuales el 27% corresponden a Fonasa y el 73% a Isapres. Además, la Contraloría encontró que los funcionarios que posiblemente incumplieron su periodo de reposo asistieron a 710 partos.