Nuestro país está atravesando una profunda crisis política, moral y de gobernabilidad que se ha intensificado en los últimos nueve años. La descomposición institucional es total, una democracia desahuciada por gobiernos ineficaces, un Congreso incapaz, un Poder Judicial putrefacto y un Ejecutivo dominado por una mayoría corrupta, han llevado al país a una condición irreversible de subsistencia.
La crisis es tan profunda que no existe ninguna alternativa legal y constitucional viable para superarla. Los poderes democráticos, Congreso, Presidencia, Poder Judicial y organismos electorales son ineficaces, están polarizados y son incapaces de resolver los conflictos políticos de manera constructiva. Esto demuestra la ingobernabilidad e ilegitimidad en que está sumido el Perú en esta última década.
El hecho de que ningún líder o partido político haya logrado consolidar una base de apoyo suficiente o generar la confianza necesaria para llevar adelante un mandato completo, demuestra el vacío de poder existente y que los últimos seis gobiernos carecen de legitimidad ante la ciudadanía.
La rotación presidencial es una señal de imprevisibilidad política, y esto ha permitido que hoy el país esté sometido a la supremacía del terrorismo urbano y rural, la extorsión, el sicariato, el secuestro y la delincuencia en todas sus formas. La ciudadanía está hastiada y se siente exhausta y amedrentada por lo que está viviendo desde hace nueve años gracias a su clase política. Ya no hay confianza en las instituciones ni en los líderes, lo que deriva en apatía, protestas sociales recurrentes o, paradójicamente, la búsqueda de figuras «antisistema» o populistas que prometen soluciones rápidas.
Con presidentes delincuentes que duran en promedio 18 meses, con 17 gabinetes ministeriales, más de 300 ministros en nueve años y con 26 ministros del interior (4 cada 18 meses), es prácticamente imposible implementar políticas públicas sostenibles, proyectos de desarrollo a largo plazo y garantizar un mínimo de continuidad, para el avance del país en áreas clave como seguridad, educación, salud, infraestructura etc.
A nivel global, Perú es percibido hoy como un país donde la constitución, las leyes y la propia vida existen disfrazadas de democracia enferma, pero «enferma terminal», pues nadie las respeta ni las hace respetar. Esto afecta su condición de nación y reputación, su capacidad para negociar acuerdos internacionales y su atractivo como destino para el turismo e inversión.
En resumen, seis presidentes en nueve años son un claro indicativo de una democracia enferma, sumida en una crisis política crónica, administrada por miserables que erosionan la confianza interna y externa y generan un ambiente de inseguridad e incertidumbre constante para sus ciudadanos.
El 28 de julio del 2026 alcanzaremos a tener siete presidentes delincuentes en diez años, conduciendo al país. Este parece un «hotel de alta rotación para supuestos gobernantes, gabinetes y ministros», de los cuales solo uno fue presidente constitucional; todos, contando a partir del Genocida Vizcarra, son inconstitucionales e ilegales, sumados también a inconstitucionales autoridades electorales y fraudulentas elecciones, que nos han llevado a la actual conductora. ¿Podrá haber elecciones válidas el 26 de abril de 2026, bajo la administración de instituciones electorales y gobierno inconstitucional e ilegal?
Hay un dicho médico que reza, «Con el cáncer no se convive, o se extirpa o te mata». El Perú tiene esta misma disyuntiva, o se extermina la miseria política y la democracia enferma, o estas nos destruirán irremediablemente. ¿Quedará hoy en el país «alguien o algunos» que puedan asumir la labor de extirpar el cáncer político y la democracia enferma que aquejan al Perú, y opere en defensa de su constitución, que a la vista de lo que vemos y vivimos, se quedó sin garantes?
¡Estamos advertidos!
(*) Teniente general FAP en retiro