La Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de Brasil suspendió su colaboración con el Ministerio Público del Perú en el marco del caso Lava Jato. La medida responde a la queja de exdirectivos de la constructora brasileña OAS, ahora Grupo Metha, quienes afirman que el Perú incumplió los beneficios procesales otorgados a cambio de su colaboración judicial.
La decisión de la fiscal brasileña Anamara Osório Silva representa otro golpe para las investigaciones en Perú. Esta suspensión se centra en el proyecto vial Línea Amarilla, adjudicado a OAS en Lima, que presuntamente se financió con pagos ilícitos a funcionarios de la municipalidad, incluida la exalcaldesa Susana Villarán.
Los exdirectivos de OAS pidieron protección a la Procuraduría de Brasil tras ser acusados en Perú por los mismos hechos que confessaron ante la justicia brasileña. Alegan que el Ministerio Público peruano violó el «principio de especialidad» y el uso limitado de pruebas, bases fundamentales del acuerdo.
Uno de ellos denunció que fue procesado por lavado de activos en Lima, a pesar de la inmunidad negociada en Brasil. Según ellos, esto crea inseguridad jurídica y amenaza futuros acuerdos de cooperación. La Procuraduría respaldó su posición.
La entidad enfatizó que los colaboradores ya obtuvieron beneficios legales y reducción de responsabilidad penal en Brasil, los cuales Perú debe respeetar al usar las pruebas obtenidas mediante sus declaraciones.
El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, señaló que la suspensión no afectará el juicio contra la exalcaldesa Villarán por los supuestos aportes ilícitos de Odebrecht y OAS en el proyecto ‘Línea Amarilla’.