Revuelo ha causado la reciente noticia que una académica de la Universidad de Tarapacá recibió más de $ 300 millones por concepto de incentivos de investigación en ocho meses. Estos incentivos, muy comunes en el sistema universitario chileno, -pero una rareza a nivel mundial- toman comunmente la forma de un pago por artículo publicado en revistas con comité editorial.
Al respecto, la universidad emitió un comunicado defendiendo la medida. La respuesta es en extremo ilustrativa. Nos informan que todo el asunto también a ellos les conviene, pues dada la estructura de incentivos del Estado, lo que ellos pagan por artículo es a su vez redituado por políticas públicas que también otorgan cuantiosos premios, directos o indirectos, por publicación. Agregan en su comunicado, literalmente, que la medida genera ingresos marginales por sobre los costos marginales.
Sin ánimo moralizante, vemos esta polémica como una oportunidad para evaluar y repensar el sistema estatal de incentivos a la producción científica. Las universidades, así como otros grupos de investigación, son actores racionales que responden a estos incentivos. El foco en la publicación valora la investigación de manera muy instrumental, basándose en una métrica de productividad por volumen que no considera una variedad de otros aspectos relevantes, como el impacto en docencia, relevancia para el desarrollo nacional y regional, y desarrollo científico local. Esta política está causando hace tiempo una serie de distorsiones en nuestro sistema universitario.
