La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de la Nación y ordenó 18 meses de impedimento de salida del país para el censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Josué Gutiérrez rechazó la imputación de la Fiscalía de la Nación por presunto delito de nombramiento ilegal de cargo.
El funcionario, quien ocupa el cargo de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.
La orden judicial anuló la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que previamente había rechazado la solicitud de impedir la salida del país de Santiváñez en marzo de 2024.
Juan José Santiváñez es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado debido a una supuesta entrega de dinero en 2024. Según la Fiscalía, cuando aún ejería como abogado, habría facilitado un pago para obtener un fallo favorable en el Tribunal Constitucional a favor de uno de sus clientes.
EL CASO
La Fiscalía investiga a Santiváñez por su presunta coordinación para sobornar con $20,000 a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) con la finalidad de que favorezcan al expolicía Marcelo Salirrosas en un proceso legal que buscaba anular una sentencia que le habían impuesto en el 2021 por integrar una organización criminal.
Dos testigos protegidos confirmaron al Ministerio Público que, aunque Santiváñez dijo que los $20,000 servirían para pagar a asesores externos, en realidad el monto estaba destinado a comprar las voluntades de los vocales del alto tribunal para que fallen a favor de Salirrosas, aunque esto finalmente no ocurrió.
Según la imputación fiscal, Santiváñez -ya como ministro del Interior- continuó haciendo gestiones para lograr un resultado judicial favorable para Salirrosas.
Pero la intervención del actual funcionario de Palacio de Gobierno no se limitó solo al proceso del expolicía en el TC, sino que también había velado por que su entonces cliente tenga beneficios en el penal de Trujillo, donde estaba internado. Para eso, habría coordinado con el jefe del INPE.
Salirrosas estuvo en aislamiento dentro de dicho centro penitenciario porque temía por su integridad si era trasladado al pabellón que se le había asignado, pero a los cuatro meses, un allegado suyo le indicó a Santiváñez que no se podía prolongar este régimen para el expolicía.
Es así que el 18 de junio del 2024, el entonces ministro le aseguró a la persona cercana a su cliente que ya había mediado con el jefe del INPE para lograr que se mantenga el régimen de aislamiento, medida que se aplicó. Para el Ministerio Público, esto evidenciaría que las gestiones de Santiváñez fueron efectivas.
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