La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato informó que no intervendrá en el proceso de Discovery iniciado por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra la empresa Brookfield en Estados Unidos, quien compró acciones de la corrupta Odebrecht en caso contra peajes.
La decisión se basa en un supesto análisis jurídico que determinó que la entidad carece de legitimidad procesal para participar en dicha solicitud ante la justicia estadounidense. Ese análisis sería la excusa para no defender los intereses del Estado.
La procuradora Silvia Carrión es investigada por la suscripción del acuerdo secreto con la empresa Odebrecht, el cual coincidentemente excluyó casos como Rutas de Lima de Susana Villarán donde se entregó el cobro de peajes a la empresa brasileña.
El pronunciamiento de la procuraduría se produjo luego de evaluar los requisitos establecidos por el juez Lewis Liman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien señaló que solo pueden solicitar pruebas en ese país las entidades con facultad legal para hacerlo y cuyos casos involucren a empresas bajo su jurisdicción.
Según la Procuraduría, el marco legal peruano no le otorga titularidad de la acción penal, lo que impide que sea reconocida como parte legítima en el proceso en EE.UU.
El juez Liman también consideró que la MML no ha fundamentado suficientemente por qué la corte neoyorquina tendría competencia sobre Brookfield y su subsidiaria BIF, vinculadas a la compra de acciones en la concesionaria Rutas de Lima.
Pese a no intervenir en este proceso, la Procuraduría Ad Hoc destacó que sigue colaborando con el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato en solicitudes de asistencia judicial internacional relacionadas con Odebrecht, Brookfield y Rutas de Lima.
A nivel local, la Procuraduría mantiene cuatro procesos penales contra Rutas de Lima, en los que ha pedido una reparación civil superior a S/ 2,200 millones.
Uno de estos casos involucra a la exalcaldesa Susana Villarán, donde ya se logró que Odebrecht y Rutas de Lima fueran reconocidas como terceras responsables civiles por posibles perjuicios al Estado.
Silvana Carrión tenía como fecha límite el 10 de junio para adherirse a la solicitud de la autoridad edil, de lo contrario, la comuna deberá desembolsar $2 800 millones.
La MML envió hasta en dos oportunidades escritos para que la Procuraduría puede sumarse a la demanda en instancias internacionales.
En la primera misiva, enviada a la procuradora general María Caruajulca, demandaron disponer que Carrión intervenga como parte interesada en un “procedimiento crítico ante una Corte Federal de los Estados Unidos”.
Sin obtener respuesta favorable, enviaron un segundo documento dirigido personalmente a la procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato, alertándole que el requerimiento en EE.UU. fue rechazado y las únicas que pueden revertirlo son las Procuradurías.
Sin embargo, ante una mala interpretación, Silvana alegó que no es su competencia y que le corresponde a la Fiscalía.
