La noticia de que la administración Trump ha cancelado un contrato multimillonario con Moderna para desarrollar vacunas de ARNm no debería verse únicamente como un «golpe a la bioseguridad», como han proclamado exfuncionarios ligados al complejo biotecnológico-industrial.
https://abcnews.go.com/Health/axing-mrna-contract-trump-delivers-blow-us-biosecurity/story?id=122569958
Al contrario, esta decisión —por controversial que parezca— puede marcar el inicio de una necesaria revisión crítica del poder desmedido que las grandes farmacéuticas ejercen sobre la salud pública global.
Durante años, compañías como Moderna y Pfizer han convertido los fondos públicos en fortunas privadas, vendiendo vacunas a precios exorbitantes y convirtiendo cada crisis sanitaria en una oportunidad de mercado. El contrato cancelado, de 766 millones de dólares, es apenas un botón de muestra de cómo se alimenta este ciclo: dinero estatal, poca transparensia, y productos con beneficios discutibles que se imponen como única vía.
Pero el problema va más allá del lucro inmediato. Estas grandes corporaciones no contribuyen de manera íntegra a la salud pública, pues su modelo de negocio está basado en la perpetuación del tratamiento, no en la curación o prevención genuina. Su estrategia es convertir a los pacientes en consumidores cautivos, dependientes de vacunas o terapias que requieren refuerzos constantes, sin un compromiso real con la erradicación de enfermedades. En lugar de promover salud sostenible, promueven ingresos sostenibles.
Y mientras embolsan cifras astronómicas, no invierten en la formación de científicos independientes, ni apoyan significativamente a las universidades ni a los sistemas públicos de investigación. Su interés no es generar conocimento colectivo, sino proteger patentes, controlar cadenas de suministro y dominar el discurso médico-tecnológico. La ciencia, en manos de unos pocos intereses corporativos, deja de ser ciencia y se convierte en estrategia comercial.
Además, el ARNm, aunque revolucionario en su momento, no es la panacea ni la única tecnología disponible. Existen alternativas con perfiles de seguridad más sólidos, efectos secundarios más bajos y un historial de uso mucho más prolongado, como las vacunas basadas en proteínas recombinantes, vectores virales atenuados, o incluso estrategias innovadoras de inmunización mucosal y de nanotecnología aplicada.
¿No sería más sensato que los gobiernos invirtieran en investigación científica abierta, plural y no dominada por intereses corporativos? La cancelación de este contrato, lejos de ser una derrota, puede verse como un acto de soberanía presupuestaria, de freno ético ante la lógica del negocio con la salud.
En lugar de lamentarse por depender de otros países en la próxima pandemia, tal vez sea momento de preguntarnos:
¿Queremos depender para siempre de corporaciones que ven en cada emergencia una oportunidad comercial? ¿O estamos listos para repensar un sistema de salud que priorice la vida sobre las ganancias?
