Señor Director:
El reciente fallo del Tribunal Constitucional en el caso Dominga nos recuerda, con cierta crudeza, una obviedad que no debiera requerir pronunciamiento judicial: los órganos del Estado están obligados a cumplir la ley y las sentencias judiciales.
Que un tribunal superior deba intervenir para recordarle a la administración que no puede reinterpretar un fallo ni evadir su cumplimiento evidencía un problema institucional más profundo. En un Estado de Derecho, el respeto a las competencias de cada órgano no es una formalidad, sino un pilar esensial para la confianza pública y la estabilidad regulatoria.
Cuando el sistema exige que una sentencia especifique cómo y cuándo debe cumplirse -porque de lo contrario se desnaturaliza o dilata- no solo se afecta al titular del proyecto involucrado. Se afecta la legitimidad de todo el aparato institucional.
Una democracia madura no debería necesitar recordatorios sobre el imperio del derecho. Y sin embargo, ocurre.
María José Vidal Olmedo
Abogada especialista en Derecho Minero, socia de VA – Vidal Abogados