En medio de la tensa espera de la sentencia de la Corte Suprema respecto a los recursos de casación presentados en el marco del caso del proyecto minero-portuario Dominga, el ministro que había sido designado como redactor del fallo, Jean Pierre Matus, decidió aceptar inhabilitarse de dicha tarea por un eventual conflicto de interés y dejó en manos de la corte determinar su continuidad en la causa.
La controversia surgió a raíz del vínculo de amistad de Matus con el abogado Marcelo Castillo, quien ha representado a organizaciones en favor del proyecto de Andes Iron, como al Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanales de Totoralillo Norte. De todas formas, cabe marcar que dicho grupo no es parte de la causa que revisa actualmente el máximo tribunal.
Ante dicha conexión, tanto el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones medioambientales presentaron recursos de recusación contra el ministro de la Tercera Sala.
Además de aceptar la recusación invocando el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, para evitar suspicacias sobre su imparcialidad “salvo mejor parecer” de la Corte, Matus enumera una serie de razones por las que, a su juicio, la impugnación presentada en su contra no deberia ser aceptada.
Así, destaca que Castillo “no es ni ha sido parte en este pleito, razón suficiente para desechar de plano la incidencia promovida”. Por otro lado, marca que “también es suficiente para rechazar el incidente interpuesto el hecho de que se hubiese presentado extemporáneamente y ante un Tribunal incompetente para conocerlo”.
El Servicio de Evaluación Ambiental, en representación del Comité de Ministros, también solicitó anular el acuerdo alcanzado por la Tercera Sala el pasado 19 de mayo por haberse llevado a cabo con la participación de Matus. En caso de que la Suprema acepte la inhabilidad, la corte debería volver a dar cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación.
¿Qué revisa la Suprema?
El futuro de Dominga se analiza en diversos frentes. En el caso de la Suprema, el máximo tribunal revisa los recursos de casación presentados en diciembre de 2024 por el SEA y organizaciones medioambientales con el objetivo de impugnar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta en favor de la iniciativa emplazada en la comuna de La Higuera.