El atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay
El atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, postulante presidencial del partido Centro Democrático, hijo de la periodista y abogada Diana Turbay, muerta en 1991 durante un intercambio de disparos entre policías y narcotraficantes que la mantenían secuestrada, constituye un hecho amargo y deplorable que conmueve a toda América Latina.
Mucho más, por supuesto, a la hermana República de Colombia
que registra un largo historial de asesinatos a distinguidos políticos, autoridades y postulantes a la jefatura del Estado.
Esa trágica historia comenzó la primera mitad del siglo XX
en 1948, con la muerte de una de las figuras más prominentes y queridas del país, Jorge Eliécer Gaitán, líder del Partido Liberal, ministro de Trabajo y de Educación, alcalde de Bogotá y presidente de la Cámara de Representantes, conocido como el «caudillo del pueblo».
El autor del magnicidio fue perseguido y linchado
por una multitud que arrojó su cadáver a las escalinatas del Capitolio Nacional y se lanzó enfurecida a las calles; una jornada de terror donde murieron 2,585 personas y 450 quedaron heridas, mientras parte de la ciudad fue incendiada y saqueada; episodio conocido como “Bogotazo”.
La saga trágica tuvo entre sus víctimas a Rodrigo Lara Bonilla
ministro de Justicia, implacable persecutor de los cárteles de las drogas, acribillado en su automóvil en 1984. Su reemplazante, Enrique Parejo, a quien tuve el honor de conocer, fue amenazado de muerte y el gobierno, para protegerlo, lo nombró embajador en Hungría, donde el 13 de enero de 1987 fue herido de cinco balazos por un sicario del narcotráfico, enviado de Pablo Escobar, salvando milagrosamente la vida.
En 1987 mataron a tiros a José Pardo Leal
de la Unión Patriótica y dos años después, Luis Carlos Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, fue ultimado cuando se encontraba en un evento público en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
En 1990, el senador Bernardo Jaramillo
aspirante presidencial de la Unión Patriótica, resultó victimado por un sicario de 16 años en el terminal aéreo, esperando su vuelo con destino a Santa Marta.
Continuando con esta trágica historia
en 1990 el ex guerrillero, Carlos Pizarro, fue ametrallado al interior de una aeronave que lo conducía de Bogotá a Barranquilla y, en 1995, el líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado, murió a tiros en su automóvil saliendo de la Universidad Sergio Arboleda.
Estos hechos no suceden solo en Colombia
sino en otros países del hemisferio, como México, que mantiene vivo el recuerdo de Luis Fernando Colosio, carismático aspirante a la primera magistratura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), asesinado a tiros en 1994 y hace unos días mataron a la secretaría y al asesor de la alcaldesa de la ciudad.
En ese contexto, recordemos que la nación azteca
tiene el impresionante récord de 199,400 homicidios durante el desastrozo sexenio de López Obrador, que, irónicamente, gobernó bajo el demagógico slogan de “abrazos, no balazos”; mientras en el Perú, en ese mismo periodo, ocurrieron 11,067 crímenes.
Ante esos sucesos
es importante que los servicios de inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas trabajen coordinadamente con miras a los comicios del próximo año, considerando el clima de beligerancia y el alarmante incremento de la delincuencia, reforzada con bandas trasnacionales como «El Tren de Aragua» de Venezuela y «Los Choneros», del Ecuador.
En suma, hay que estar alerta para que el crimen político no se re produzca
en el Perú, donde prevalece el odio, la calumnia y los agravios entre enemigos políticos.
En ese contexto, no olvidemos que las carreteras del país
fueron bloqueadas después de la destitución de Pedro Castillo, y que turbas armadas atacaron las sedes de la Fiscalía, del Poder Judicial y comisarías, empresas agrícolas y el aeropuerto de Ayacucho dejando numerosas personas heridas y por lo menos un muerto.
También debemos recordar los violentos incidentes ocurridos en Lima
después de la caída de Martín Vizcarra, que produjeron dos muertos y docenas de policías, heridos por impedir el ingreso e incendio del local del Congreso de la Republica.