La quebrada de Cruz de Hueso, ubicada entre San Bartolo y Punta Negra, al sur de la ciudad de Lima, se ha convertido en una zona de conflicto. Esto no precisamente por los entrenamientos de tiro que el Ejército realiza en esta zona, sino por la guerra sin cuartel que se ha desatado por la posesión de los terrenos en los que se encuentra esta base militar en donde funciona incluso un polvorín.
Dijo que hubo un manejo político en su salida, cuestionó a Delia Espinoza y aseguró que existe una instrumentalización del Ministerio Público.
La mañana del 6 de febrero de este año, personal del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Coede) desalojó a 40 reservistas que integran la Asociación Club House Paraíso del Sur, que pernoctaban desde hace un mes en Cruz de Hueso sin saber que el sueño de la casa propia en realidad era una pesadilla.
“Estos terrenos han sido otorgados en cesión de uso a favor del Ejército y están destinados como campo de instrucción y entrenamiento desde hace más de 50 años. Están en propiedad del Estado y no pueden permanecer acá”, se oye decir al teniente coronel EP Julio Díaz Gómez en un video del día del desalojo, al que accedió Perú21.
Ese fue el séptimo operativo al que fueron sometidos los miembros de esta asociación de licenciados de las fuerzas armadas desde que ingresaron a la zona en 2023.
DESALOJO EN VIDEO
EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA
El vicepresidente de esa asociación, Héctor Inga, contó a este diario que a fines de 2023 hicieron un convenio con la empresa Praderas del Manzano SAC para desarrollar un proyecto de vivienda social para reservistas en Cruz de Hueso. Los representantes de la empresa les dijeron que habían comprado las 95 hectáreas de terreno a la Comunidad Campesina de Cucuya y que podían tomar posesión de esas tierras.
Lo que no dijo esta empresa, que en 2018 fue acusada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima por el delito de minería ilegal, fue que la partida con la que habían inscrito estas tierras estaba duplicada, es decir, había una propiedad inscrita en dos partidas diferentes.
Pero, en mayo de este año, una resolución de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) determinó que los terrenos que esta empresa reclamaba como suyos estaban dentro de la propiedad del Ejército del Perú.
Sin embargo, antes de que la SBN defina la demarcación de estos terrenos, los licenciados de las FF.AA. tomaron otra opción: ingresar a estas tierras a través del fundo Prescott, un terreno colindante con la base militar.
LA NUEVA INVASIÓN
Jesús Linares, presidente de la Asociación Club House, narró a este diario que el gerente general de Prescott SAC, Juan Herbias Robles, les vendió 1,600 hectáreas del fundo, dividió el terreno y les vendió cada lote a S/5,000.
Por su parte, Inga dio más detalles del trato verbal que hicieron con Herbias. “Él nos dice: ‘Estas tierras son del Ejército, pero ustedes ayúdenme a llenar esta área —la del fundo— y después de cinco años ya toman posesión de sus tierras’”. Es decir, el gerente de Prescott les habría cedido la entrada a Cruz de Hueso a cambio de asociarse con él, previo pago, con la promesa de que luego ellos podrían tomar las tierras que reclamaban.
Incluso el vicepresidente de la asociación señaló que Herbias les pidió la mitad de los terrenos que ellos querían ocupar a cambio de su ayuda.
Este diario accedió a un lote de vouchers de transferencias por un total de S/6,500 a la empresa, pero el problema fue que Herbias se negó a formalizar contratos de compra-venta.
Prescott SAC es una empresa constituida en 2012 por tres socios, entre los que destaca Fernando Silva Sánchez, una persona que ha proveído servicios al Ministerio de Defensa desde abril de 2024 hasta marzo de este año, según el OSCE. Su compañía tiene la posesión de los terrenos en los que funciona el fundo desde 2016, pero en 2022 le cedió este derecho a Herbias, quien dos años más tarde se convertiría en el gerente de su empresa.
Consultado por Perú21, Herbias aseguró que él quiso asociarse con los miembros de la asociación para hacer un parque agropecuario, pero que el trato terminó abruptamente. “La idea de ellos no era trabajar; estos ‘angelitos’ querían llegar conmigo para tener pase y salir a invadir todos los terrenos del Ejército”, dijo.
Pero tanto Herbias como Linares son personajes con antecedentes. En febrero de 2018, el presidente de la asociación fue detenido en un operativo en el que cayó la banda Los Malditos de Santa Rosa, dedicada a traficar terrenos en el distrito del mismo nombre. Consultado al respecto, dijo: “Toda persona que ha estado en el rubro inmobiliario, como yo, tiene conflictos, pero que sea investigado no significa que tenga una sentencia”.
Por su parte, Herbias reconoció que tiene una investigación abierta por usurpación en Punta Negra.
Este diario intentó conocer las acciones que el Ejército estaba tomando para evitar la usurpación de las tierras de Cruz de Hueso, pero al cierre de esta nota no tuvimos respuesta. Sin embargo, fuentes del instituto castrense confirmaron el problema.
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