Reconozco la labor que desempeñan los maestros a todo nivel, desde la educación inicial, pasando por la primaria, secundaria, y técnica hasta la universitaria. Soy de familia en que ha habido maestros, en línea paterna como María Rosario Araoz y por la materna como mi abuela Zenaida Mosselli Conroy. Recuerdo con mucho cariño a mis profesores de La Salle, especialmente al hermano Alberto Domingo (Germán Peinador Martín) y en la educación superior al doctor Carlos Rodríguez Pastor, nuestro mejor maestro, quien nos ingresó al Derecho Romano, y en la práctica profesional a Carlos Carrillo Smith, a quien podría denominar mi preceptor
Pese a todo lo señalado tengo que objetar una iniciativa en el Congreso de la República, mediante la cual se regulan las pensiones de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, que será equivalente a loa “Remuneración Íntegra Mensual” (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. Ello, con el noble pero muy oneroso objetivo para que “cubran sus necesidades básicas y les permite mantener un nivel de vida decente”.
Sin duda alguna merecen tal pensión y mucho más, el problema es que no hay como financiarla sin dejar de cubrir otras obligaciones del Estado. Más aún, no se han tenido en cuenta las observaciones y data proporcionada por la ONP y sin contar con la opinión favorable requerida del Sector Economía y Finanzas.
Por otro lado, se trata de una discriminación positiva, en que se aumenta pensión para unos y se deja igual la de los otros, rompiéndose el principio y norma constitucional de igualdad ante la ley. Si bien los maestros pueden tener corona por su misión docente, ello no significas que tengan corona pensionaria, pues hay muchas otras actividades, como por ejemplo las de la salud, que también las solicitarían.
Es bueno recordar que hace veinte años se modificó la primera disposición final y transitoria de nuestra Constitución a fin de cerrar el régimen pensionario del Decreto Ley 20530 para el Sector Público, que eran las famosas pensiones de efecto espejo con las remuneraciones de los trabajadores públicos en funciones, prohibiéndose nuevas incorporaciones a tal Sistema. Todo ello complementado con normas desarrolladas en la Ley 28449.
Como vemos hay una burda intención de incumplir con la Constitución, con normatividad para “sacarle la vuelta” a la ley y, como estamos en época electoral daría la impresión que es para generar simpatía en el electorado magisterial, el cual es el grupo más grande de trabajadores del Estado. También como si fuesen los parlamentarios maestros con tiza y borrador, “borraron” de su mente la prohibición sobre iniciativa de gasto que tienen los congresistas e hicieron añicos las reglas constitucionales de responsabilidad y disciplina fiscal.
Algo más y como añadido; los ministros pueden participar en las sesiones del Congreso solo con voz, y en ésa forma dar su opinión sobre los proyectos que se debaten. Penosamente esta facultad la ignoran, dejan de lado y desperdician. Evidentemente no es garantía de que les hagan caso, pero bien podrían dej.ar en claro su opinión.
