El fallo del Poder Judicial
El fallo del Poder Judicial que suspende a Patricia Benavides por 24 meses del cargo de fiscal de la Nación es político y nada jurídico, el cual debe ser materia de análisis por los expertos en derecho. ¿Cómo se suspende a alguien de un cargo que no asumió?, porque Benavides nunca fue restituida como máxima representante del Ministerio Público por desacato de la fiscal Delia Espinoza.
El segundo error jurídico
El segundo error jurídico es quien pide la suspensión es Espinoza, quien para efectos de pedir la suspensión si reconoce a Benavides como fiscal de la Nación, pero desacata el fallo de la Junta Nacional de Justicia que ordena su restitución.
Conflicto de intereses
Otro punto a considerar es que en el pedido de suspensión hay un evidente conflicto de intereses: la aún titular del Ministerio Público saldría del cargo si retorna Patricia Benavides.
Análisis del fondo
Si analizamos el tema de fondo: ¿Como un juez acoge un pedido de suspensión si las acusaciones contra la exfiscal de la Nación aún no han sido corroboradas y están en fase de investigación, más aún que el mismo Tribunal Constitucional declaró nulo el proceso de destitución llevado a cabo por la anterior Junta Nacional de Justicia? Evidentemente que el reciente fallo no fue jurídico, sino tiene un alto componente político y el juez que se prestó a esta maniobra tendrá mucho que responder ante la misma JNJ.
La política del desacato
Pero la política del desacato de Delia Espinoza tiene antecedentes, ella se negó a acatar la ley aprobada por el Congreso, que devuelve a la Policía Nacional la facultad para liderar la investigación criminal y lejos de acatarla, como corresponde en un estado de derecho, se declaró en rebeldía y presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo correcto sería acatar el fallo y después plantear los mecanismos legales para revertir la situación.
¿El Ministerio Público por encima de la ley?
¿El Ministerio Público está por encima de la ley?, pésimo precedente jurídico que un sector de fiscales que, con su accionar, afectan el estado de derecho y se ponen por encima de las normas. Es decir, acato lo que me gusta y lo que no me gusta simplemente me zurro de los fallos y leyes.
Responsabilidad del Congreso
Evidentemente corresponde al Congreso y a la Subcomisiones de Acusaciones Constitucionales tramitar las denuncias constitucionales contra Delia Espinoza y los fiscales supremos que a pulso se lograron su destitución del cargo. No se puede tolerar que este tipo de autoridades manejen a su antojo el Ministerio Público, una entidad que persigue en delito, pero hoy es usado como instrumento de poder político.