El Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión preventiva de 6 meses solicitado por la fiscalía contra el expresidente Martín Vizcarra y dispuso comparecencia con restricciones. La decisión fue tomada por el juez Víctor Alcócer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional en una audiencia maratónica de dos días que se extendió hasta más de las 11.00 de la noche de ayer viernes.
El juez Víctor Alcocer recordó que Martín Vizcarra ya cuenta con una orden de impedimento de salida del país, lo que restringe su posibilidad de abandonar el territorio nacional.
El juez reiteró su postura al señalar que, a su juicio, no existe un nivel de gravedad lo suficientemente alto que justifique imponer una medida de prisión preventiva. «A mi criterio, no hay intensidad que supere ese umbral», enfatizó.
El juez Víctor Alcocer recordó que Martín Vizcarra ya cuenta con una orden de impedimento de salida del país, lo que restringe su posibilidad de abandonar el territorio nacional. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»
Solo le impuso impedimento de salida del país por seis meses y le prohibió acudir a embajadas o reunirse con personas vinculadas a las mismas. Igualmente dispuso que cada 30 días pase por registro biométrico.
ACUSACIÓN
Durante la audiencia, el fiscal Germán Juárez Atoche derribó el argumento que utiliza Martín Vizcarra para desvirtuar la investigación seguida en su contra por cohecho cuando era gobernador regional de Moquegua.
Juárez Atoche acusó a Vizcarra Cornejo de politizar el caso, asegurando que es un “perseguido político”.
“Él dice que viene haciendo actividad política, que es fundador de un partido y, por lo tanto, va a candidatear, pero eso lo viene utilizando para decir que es un perseguido político, y ahí está en diversas entrevistas, y viene politizando este caso”, sustentó.
Sin embargo, recordó, el expresidente no puede ser objeto de persecución política porque mantiene dos inhabilitaciones, por ende, no puede ejercer la política.
“Y el otro para decir que es perseguido político, no obstante que no puede hacer política”, aclaró.
Además, precisó que el mismo Jurado Nacional de Elecciones dispuso retirar al hoy proceso del padrón de afiliados del partido que él fundó, Perú Primero.
En otro momento, el fiscal señaló que producto de esta ‘actividad política’, pese a que no está apto, viene realizando campañas incluso en fronteras, por lo que “ahí hay un paso para salir del país”, evidenciando un latente peligro de fuga.
“Para nosotros es relevante esta situación, no para que usted (juez) se pronuncie si es constitucional o inconstitucional, sino que de esas vertientes se desprende el peligro, el riesgo de fuga porque viene saliendo con el argumento que va a hacer actividad política, viene saliendo a fronteras y ahí hay un paso para salir del país”, subrayó.
Adiós a su candidatura
Poco antes de resolverse la audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, el Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad la demanda de amparo del expresidente con la que pretendía anular su inhabilitación por cinco años impuesta por el Congreso de la República en el marco del Caso Obrainsa. De esta manera no hay ninguna posibilidad del expresidente de intentar postular en las elecciones de 2026.
En el expediente N.° 01716-2024-PA/TC, el TC resolvió que la Resolución Legislativa 016-2021-2022-CR, que dispuso la inhabilitación de Vizcarra, cumplió con las garantías mínimas durante su proceso de aprobación.
El fallo señala que no se evidenció vulneración a los derechos fundamentales del exmandatario, tal como se detalla en los debates y actas de la sesión legislativa que respaldaron la sanción.
Cabe recordar que el Congreso inhabilitó a Martín Vizcarra por cinco años para el ejercicio de la función pública en mayo del 2022.
Se acusó al expresidente de no haber renunciado a sus acciones en la empresa C y M Vizcarra SAC cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones para favorecer a los intereses de la empresa Obrainsa.
Otras inhabilitaciones que recaen sobre Vizcarra Cornejo son las de 10 años por el caso Vacunagate, impuesta en abril del 2021, y por la disolución del Congreso, también por 10 años, en junio del 2025.