El alcalde fue rechazado por cuarta vez y, ahora, la Municipalidad de Lima deberá pagar.
La Municipalidad Metropolitana de Lima sufre otro revés en los tribunales de Estados Unidos. La justicia norteamericana determinó que la comuna limeña deberá pagar casi 200 millones de dólares a la empresa canadiense Brookfield, dueña de Rutas de Lima, por incumplir el contrato.
Dos tribunales arbitrales ya habían determinado que la casa edil rompió ilegalmente el contrato, y ordenaron el pago de aproximadamente $196 millones en compensasiones. Sin embargo, la administración de Rafael López Aliaga intentó bloquear esos pagos, alegando supuestas irregularidades.
No obstante, cuatro fallos judiciales en EE. UU. rechazaron los reclamos del alcalde limeño, criticando la falta de sustento de sus argumentos y cuestionando la falta de «buena fe» con la que ha procedido la Municipalidad.
El 27 de mayo, un tribunal de Nueva York rechazó una citación contra Brookfield, al no encontrar sustento legal. Posteriormente, el 17 de junio, la Corte Suprema del Estado de Nueva York desestimó la solicitud de suspender la ejecución de los laudos arbitrales por los mismos motivos.
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Posteriormente, el 20 de junio, el Tribunal de Distrito de Columbia se negó a detener la ejecución de los laudos, señalando que las declaraciones públicas del propio López Aliaga, en las que asegura que no pagará «ni un solo mango» a Brookfield, evidencian un uso político del sistema judicial estadounidense. La jueza incluso señaló que Lima “ni siquiera se molestó en argumentar que su apelación podía tener éxito”.
«La Corte no recompensará tal conducta dilatoria al eximir a (la Municipalidad de) Lima de la obligación predeterminada (…) de presentar una fianza para posponer la ejecución y cumplimiento del fallo. La Corte deniega la petición del solicitante para suspender la ejecución y el cumplimiento del fallo», determinó la jueza Ana C. Reyes.
El último revés fue esta semana, el 24 de junio, cuando los jueces de la Corte de Apelaciones de Washington D.C. rechazó unánimemente el recurso de Lima, concluyendo que no se puede demostrar que la comuna limeña haya sido perjudicada.
“El problema con el argumento de (la Municipalidad de) Lima es que no puede demostrar un perjuicio real por la supuesta exclusión de los Contratos Meiggs (…). Lima presentó esta evidencia al segundo tribunal. Pero este determinó que no logró establecer que los pagos ilegales de Odebrecht fueran un ‘algo a cambio de algo’», indica el fallo.