El plan contempla trasladar a internos extranjeros de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad salvadoreñas, bajo un estricto regimen.
El Gobierno peruano ha dado el primer paso formal hacia un acuerdo bilateral con El Salvador para enviar a los presos más peligrosos —en especial extranjeros— a los Centros de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), las cárceles de máxima seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele. Así lo revela un oficio fechado el 24 de junio, en el que el director de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, Beyker Chamorro López, notifica a la Cancillería que el próximo 4 de julio se celebrará la primera de tres reuniones técnicas con representantes del gobierno salvadoreño para evaluar la viabilidad del convenio.
El plan contempla que los presos transferidos al Cecot sean sometidos a un régimen estricto, sin acceso a celulares ni internet, bajo vigilancia permanente. Según declaraciones del exministro del Interior, Cluber Aliaga, el Perú asumiría un costo anual de 20 mil doláres por interno enviado a estos recintos de alta seguridad.
Lee también:
Perú lanza megaproyecto en Sechura para producir fertilizantes
De acuerdo con Chamorro, la hoja de ruta contempla tres etapas: primero, una evaluación técnica para establecer la viabilidad real del acuerdo; luego, la construcción de una posición interinstitucional en función de los informes presentados por los sectores involucrados; y finalmente, una última reunión para discutir y cerrar los comentarios finales antes de concretar la firma del contrato.
Actualmente, el sistema penitenciario peruano alberga a 98,271 personas, de las cuales 4,968 son extranjeras. Entre ellas, los grupos más numerosos están integrados por venezolanos (3,582), colombianos (747), ecuatorianos (163), mexicanos (99) y argentinos (47). La situación en los penales es crítica, con un nivel de hacinamiento que alcanza el 136 %, lo que ha obligado al Estado, por mandato del Tribunal Constitucional, a buscar soluciones inmediatas, como la construcción de nuevos penales o alianzas internacionales para la descongestion.
El convenio con El Salvador, de concretarse, marcaría un giro en la estrategia de gestión penitenciaria del Perú, optando por la externalización de la reclusión de los internos más peligrosos. Mientras tanto, el debate sobre los costos y la viabilidad ética y legal de esta medida continuá abierto.