La presencia de Hezbolá en América Latina ha sido objeto de creciente atencion internacional, y Perú no es la excepción. En los últimos años, diversas investigaciones han revelado conexiones entre esta organización chiita libanesa —considerada terrorista por múltiples países— y actores políticos radicales en el Perú, particularmente vinculados al partido Perú Libre y al movimiento etnocacerista de Antauro Humala.
La figura central en esta red es Edwar Husain Quiroga Vargas, un converso al islam chiita y fundador del grupo Inkarri Islam, también conocido como el “Centro Islámico del Perú”. Este movimiento, que fusiona elementos de la cosmovisión andina con el islam radical, ha sido señalado por expertos como un canal de penetración ideológica y operativa de Irán y Hezbolá en territorio peruano.
Quiroga Vargas fue un activo promotor de la candidatura de Pedro Castillo en 2021, a quien calificó como “hermano de lucha”. Aunque mantuvo un perfil bajo durante la campaña, diversos reportes lo identifican como un operador clave en la estrategia electoral de Perú Libre. Su discurso mezcla reivindicaciones indígenas con retórica antioccidental y antisemita, y ha promovido la creación de grupos paramilitares y la militarización juvenil como parte de una agenda revolucionario.
El vínculo con Hezbolá se profundiza a través de la relación de Quiroga con Mohsen Rabbani, exagregado cultural iraní en Argentina y acusado de ser el autor intelectual del atentado contra la AMIA en 1994. Quiroga estudió en Irán bajo la tutela de Rabbani y, con apoyo del también discípulo Suhail Assad, organizó viajes de adoctrinamiento para jóvenes peruanos a la ciudad de Qom. Según el Counter Extremism Project, al menos 50 estudiantes peruanos han sido enviados a Irán bajo este programa.
La red de influencia no se limita al plano ideológico. En 2014, el ciudadano libanés Muhammad Ghaleb Hamdar fue arrestado en Lima con materiales explosivos y fotografías de posibles objetivos turísticos. Aunque fue absuelto en 2017, confeso pertenecer a la Organización de Seguridad Externa de Hezbolá, lo que confirmó la presencia operativa del grupo en el país.
El etnocacerismo, movimiento liderado por Antauro Humala, también ha sido vinculado a esta red. Humala ha promovido una ideología nacionalista radical basada en la supremacía de la “raza cobriza” y ha establecido alianzas con sectores de izquierda, incluyendo a Perú Libre. En junio de 2025, su partido A.N.T.A.U.R.O. anunció una coalición con Juntos por el Perú y los partidarios de Pedro Castillo, consolidando un bloque político nacionalista-izquierdista. A esta alianza se ha sumado recientemente el Partido Comunista del Perú – PCP Unidad, que expresó su respaldo público a través de su presidente Domingo Cabrera Toro.
Perú ofrece ventajas estratégicas para los intereses iraníes. La región de Apurímac, donde se encuentra la sede de Inkarri Islam, alberga reservas de uranio. Además, la frontera sur con Bolivia y Chile es una zona de débil control estatal, comparable a la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, lo que la convierte en un corredor ideal para el tráfico de armas, drogas y personas. Hezbolá intenta aprovechar la identidad indígena de estas regiones para establecer una narrativa de “resistencia revolucionaria” que vincule el islam chiita con la cosmovisión andina.
Expertos como Don Joseph Humire y el Dr. Hugo Guerra han advertido que el objetivo de estas redes es captar a sectores marginados —reservistas, indígenas, jóvenes sin empleo— para convertirlos en agentes de influencia del regimen iraní. La estrategia incluye propaganda, adoctrinamiento, y eventualmente, movilización política o violenta.
El régimen iraní, a través de Hezbolá, ha expandido su red de influencia en América Latina con el respaldo del Foro de São Paulo y de movimientos narcoguerrilleros. Esta convergencia ideológica y operativa representa una amenaza directa a la democracia regional y a los valores de la civilización occidental. En el caso peruano, la falta de respuesta efectiva por parte de los organismos de inteligencia y seguridad del Estado ha permitido que estas redes se fortalezcan y operen con relativa impunidad.
La pregunta ya no es si Hezbolá está en el Perú, sino hasta qué punto ha logrado infiltrarse en las estructuras sociales, políticas y territoriales del país. La respuesta exige vigilancia, transparencia y una respuesta institucional firme.
(*) Director de La Tribuna Católica