Martín Vizcarra
podría conocer su sentencia en octubre este año por el caso Lomas de Ilo – Hospital de Moquegua. Así lo adelantó el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, quien precisó que la etapa de lectura de piezas procesales del caso está próxima a concluir.
No obstante, reconoció que el plazo para el fallo dependerá en parte de las pruebas complementarias que presentarán tanto la defensa como el Ministerio Público.
El caso tiene su origen en las irregularidades detectadas durante la gestión del exmandatario como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.
Según la acusación formulada por la Fiscalía, Vizcarra habría recibido 2,3 millones de soles en sobornos provenientes de las empresas Obrainsa e ICCGSA, firmas que luego resultaron adjudicatarias de obras públicas en la región.
Por estos hechos, el exmandatario afronta un pedido fiscal de 15 años de prisión efectiva, además de 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El fiscal indicó que “debería terminar [el proceso] en un mes, pero lo veo difícil porque, terminada esta etapa de lectura de piezas procesales, ya ha advertido la defensa de Martín Vizcarra que va a presentar pruebas complementarias y el Ministerio Público va a hacer lo propio”.
En ese sentido, estimó que el proceso podría extenderse dos meses más, y que “en octubre ya podría estar sentenciado Martín Vizcarra”.
“Nosotros no demoramos los casos, nosotros formulamos la acusación y prácticamente queda en la agenda del Poder Judicial para que dispongan las audiencias”, agregó.
En otro momento, Germán Juárez Atoche se refirió al reciente rechazo, por parte del Poder Judicial, del pedido de prisión preventiva contra el vacado exjefe de Estado.
La Fiscalía consideró que existían elementos para sostener tal riesgo, tomando en cuenta desplazamientos de Vizcarra a nivel nacional sin restricciones, a pesar de existir una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que lo inhabilitó para realizar proselitismo político.
“Existía ese riesgo. Veíamos que salía sin ninguna restricción a lugares de la región, supuestamente para hacer política, no obstante que estaba impedido de hacerlo. Había una resolución del JNE que incluso lo había desafiliado. Esto pudo ser un argumento para efectos de salir con la excusa de hacer proselitismo y poder salir por las fronteras de cualquier lugar”, explicó el fiscal.