El gobierno intensifica operativos en Pataz y decomisa armas, municiones y explosivos

Ante el avance de actividades ilegales en La Libertad, el Estado reforzó sus operativos en Pataz desde abril de este año. Como resultado, se han incautado 190 armas de fuego, más de 6,700 municiones y 7,4 toneladas de explosivos, según informó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Estas acciones responden al Decreto de Urgencia N.° 006-2025 y cuentan con la conducción del Comando Unificado, integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La estrategia busca recuperar el control en zonas donde operan actividades ilegales que amenazan la seguridad pública y el medio ambiente.

Hasta la fecha, se han desarrollado 76 operativos conjuntos con el apoyo técnico de la Dirección de Control y Fiscalización de la Sucamec. Las intervenciones se han concentrado en puntos estratégicos como Calquiche, Shicún y Pamparacra, donde se realiza un estricto control sobre el transporte y comercialización de insumos peligrosos, armamento y materiales explosivos que podrían ser utilizados en operaciones ilegales.

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El trabajo de la Sucamec busca evitar el uso indebido de estos elementos, ordenar su incautación cuando se detecten irregularidades y garantizar que su manejo se realice bajo las normas legales vigentes. Ademá de neutralizar posibles riesgos, esta labor fortalece la capacidad del Estado para responder de forma efectiva a situaciones que comprometen la seguridad ciudadana.

Las autoridades advierten que la minería ilegal es una amenaza grave. Pone en riesgo vidas humanas, causa daños ambientales y debilita el orden institucional. Por eso, el Ministerio del Interior anunció que mantendrá su presencia en esta zona prioritaria. Lo hará con operativos continuos y coordinados para recuperar la seguridad de la población.

Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso con el restablecimiento del orden. También busca fortalecer la autoridad del Estado en regiones vulnerables. Todo esto forma parte de una estrategia integral contra las actividades ilícitas.