Ocho proyectos de ley han presentado congresistas de distintas bancadas y todos tienen el mismo objetivo: derogar el Decreto Supremo 136-2025-EF, que incrementó en un 122.3% la remuneración mensual de la presidenta Dina Boluarte. Ahora sus promotores piden que las iniciativas se sometan a una primera votación —de las dos que corresponden— en la Comisión Permanente que está en funciones durante el receso legislativo. La segunda votación, indicaron, se llevaría a cabo a partir del 27 de julio, que empieza la segunda legislatura del 2024-25.
Dueño de Perú Libre, sindicado de encabezar una organización criminal, está prófugo desde octubre de 2023.
La legisladora Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, sostuvo que “con excepcción de Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular, la mayoría de bancadas está en la posición de derogar el decreto supremo” con el que —dijo— “Boluarte ha evidenciado que no le importan las necesidades económicas álgidas y graves que está enfrentando la población”.
“Es un aumento descarado”, agregó, y planteó que los proyectos en cuestión se voten de una vez en la Comisión Permanente para acelerar el trámite. “No estamos ante una evidencia técnica; estamos ante una evidencia inmoral y antiética, y es bastante claro que se ha querido esconder este aumento bajo siete llaves. Hoy se pretende señalar que estamos ante un tema técnico, que no lo es. Para mí es inmoral”, afirmó.
Miles de soles
La cuestionada norma fue oficializada esta semana y, según cálculos preliminares, le significará a la mandataria ingresos por un total de S/462,384 de aquí hasta el final de su gestión en julio de 2026. A esa cifra deben sumarse los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad.
El abogado laboralista Ricardo Herrera explicó a Perú21 que en ese caso el monto del aguinaldo es de S/300, toda vez que Boluarte se encuentra bajo el régimen administrativo del Decreto Legislativo 276, que ya está considerado en la Ley de Presupuesto y que rige para los trabajadores del sector público.
En cuanto a la pensión que percibirá al término de su gestión la presidenta, el especialista dijo que, de acuerdo con la Ley 26519, el monto es equivalente al sueldo de un congresista en ejercicio, el que actualmente alcanza los S/15,600 mensuales. No obstante, podría aumentar si es que eventualmente se produce un incremento de la remuneración congresal.
Herrera advirtió que la situación de la presidenta de la República es “doblemente privilegiada”, pues con solo cinco años en el cargo percibe un beneficio de cédula viva que fue eliminado en 2004 con la reforma pensionaria. En ese contexto, consideró conveniente que el Parlamento reflexione sobre si conviene mantenerlo o eliminarlo, para lo cual solo se requeriría una ley, no una reforma constitucional, precisó.
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