La Fiscalía pide impedir la salida del país de Susana Villarán

En el marco del proceso penal por el caso Lava Jato, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que dicte impedimento de salida del pais contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

La solicitud fue presentada por el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez, quien además pidió que se acumulen nuevas reglas de conducta al régimen de comparecencia con restricciones que ya rige sobre la exalcaldesa capitalina en el marco de este proceso penal.

El fiscal del equipo especial para los casos Odebrecht y Lava Jato también solicitó al Poder Judicial que se imponga el impedimento de salida del país a los exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima: Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Zevallos, junto a otras 11 personas involucradas en el caso.

El despacho del fiscal Pérez Gómez solicitó al Poder Judicial que se dicte prisión preventiva contra Mario Ruas Nogueira, así como comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para Freddy Chirinos, dentro del mismo proceso penal.

El juez Jorge Chávez Tamariz evaluará este jueves 10 de julio, en una audiencia presencial desde las 11 de la mañana, el requerimiento de medidas coercitivas. La sesión se llevará a cabo en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra siete de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, donde las partes involucradas deberan presentarse para exponer sus argumentos y que el magistrado pueda emitir su decisión.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional ha programado para el martes 23 de septiembre el inicio del juicio oral contra Susana Villarán, y otros implicados en el presunto caso de aportes ilegales por más de 10 millones de dólares provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S. Dichos fondos habrían servido para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y su campaña de reelección municipal en 2014.

El fiscal José Domingo Pérez Gómez solicitó una condena de 29 años de prisión para Villarán, acusándola de presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusón y otros delitos en agravio del Estado.

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