Cada año, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, junto con la Subsecretaría de Evaluación Social, evalúan los cientos de programas que componen la oferta del sector público.
¿La idea? Ver espacios de mejoría en el uso de los recursos públicos, al constatar que las distintas iniciativas cumplan tres criterios específicos: focalización, para determinar si los programas públicos identifican y seleccionan a las poblaciones que buscan atender de manera adecuada y pertinente; eficiencia, que se refiere al análisis de indicadores que evalúan la implementación de un programa, enfocándose en el uso óptimo de los recursos públicos asignados; y la eficacia, traducido en medir el nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos por el programa.
Este año, las instituciones citadas evaluaron 706 programas estatales, de los cuales 493 (69,8%) fueron identificados como sociales, mientras que 213 (30,2%) como no sociales. El costo total de dicha oferta es $ 38.490.785 millones, equivalentes a US$ 45.822 millones, un 43,9% del Presupuesto total del sector público.
Un informe elaborado por Hermann Consultores aterriza en números el impacto del incumplimiento de los determinados criterios a nivel de programas. Por ejemplo, 242 programas analizados incumplieron con la dimensión de focalización, los que engloban recursos por US$ 23.213 millones; 350 hicieron lo mismo en el criterio eficiencia, con presupuestos totales que ascienden a US$ 21.527 millones; mientras 319 programas no pasaron el filtro al evaluarse su eficacia, los que a su vez contemplan fondos por US$ 13.714 millones.
Ahora, hay programas que pueden haber incumplido más de uno de los criterios analizados.
De esta manera, el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann, expone que existen 75 programas de la oferta que fallaron en cumplir los tres criterios, por montos que totalizan US$ 5.881 millones.
En el otro extremo, se detectaron 153 iniciativas que cumplieron con las tres materias evaluadas, totalizando erarios por US$ 3.783 millones. 270 incumplieron solo una dimensión analizada, totalizando US$ 21.497 millones en fondos públicos. Y 208 no pasaron el filtro en dos criterios, por montos totales de US$ 9.657 millones.
Mineduc lidera
Al analizar la oferta con el incumplimiento de solo una dimensión, el reporte revela que el mayor monto lo tiene el Ministerio de Educación, con 38 programas por US$ 9.223 millones, igual al 42,9% del monto total. Más atrás le sigue la cartera del Trabajo con 19 programas por US$ 8.879 millones, lo que representa un 41,3% del monto total.
En cuanto al incumplimiento de a lo menos dos criterios, Hermann recalca que nuevamente lidera el Mineduc, con 26 programas por US$ 3.965 millones, igual al 41,1% del monto total. Aquí también lo secunda el Mintrab, con 17 programas por US$ 3.786 millones, igual al 39,2% del monto total.
¿Y en cuanto a los programas que no pasan ninguno de los tres filtros? Nuevamente, el mayor incumplimiento lo tiene el Ministerio de Educación con 15 programas por US$ 2.953 millones, igual al 50,2% del monto total. Lo que sí varía es el segundo lugar, que corresponde al Ministerio de Vivienda con cinco programas por US$ 2.310 millones, lo que equivale al 39,3% del monto total.
“Los programas que son ineficaces en todas las dimensiones evaluadas deberían ser reconsiderados, ya sea para su cierre o reestructuración. Esta medida permitiría liberar recursos que podrían ser reasignados a iniciativas más efectivas o para rediseñar los programas existentes para cumplir con sus objetivos. Al optimizar la focalización, eficiencia y eficacia de estos programas, se aseguraría un uso más adecuado de los fondos públicos”, señala Hermann, agregando un dato de contexto: los programas con tres dimensiones incumplidas corresponden a US$ 5.881 millones, representando un 1,7% del PIB, lo cual representa 1,3 veces la recaudación de la Ley sobre Cumplimiento Obligación Tributarias.