Una mina de cobre chilena en quiebra. Un empresario austriaco que, de acreedor, pasó a dueño. Una contraoferta de una firma con nexos rusos, ucranianos y un bielorruso sancionado por Estados Unidos. Acusaciones de coimas a un liquidador. De eso y más trata la historia que se esconde detrás de la compra de la minera Tres Valles, ubicada en Coquimbo.
El caso se remonta a 2022, cuando dicha empresa minera que alguna vez fue de la brasileña Vale, dedicada a la producción de cátodos de cobre a través de minas propias -como la subterránea Papomono y la de rajo abierto “Don Gabriel”-, y de compras a pequeños mineros de Chalinga, Cárcamo y Chuchiñi, cerca de Salamanca e Illapel, al sur de la Región de Coquimbo, no logró sortear su reorganización judicial con deudas por más de US$ 70 millones y decidieron irse a liquidación en 2023. Entre sus principales acreedores estaba el fondo inglés-hongkonés Kimura, Anglo American, Codelco y Enami. El liquidador designado fue Tomás Andrews.
Los acreedores habían acordado vender la empresa como una unidad económica. Y se fijó que dicho remate sería por la cifra de $ 40.290 millones.
Uno de los que estuvo interesado en comprar fue el fondo de inversión inglés Javelin, pero esas negociaciones no llegaron a puerto. Por lo tanto, la mina salió a remate el 16 de septiembre de 2024. Ese día, no llegó ningun postor.
Sin embargo, en septiembre de 2024, la empresa NIU Invest, del empresario austriaco de origen turco, Cevdet Caner, compró parte de las deudas que tenía Anglo American con Tres Valles y se convirtió en uno de los principales acreedores de la liquidación junto con Kimura.
Entonces vino el segundo intento. El 27 de noviembre de 2024 la Junta de Acreedores -con los votos a favor de NIU y Kimura- aprobó rebajar el precio de venta de la unidad económica a $ 12.093.128.238. Con eso se pagaban apenas las deudas de los principales acreedores, finiquitos y algo quedaba para los demás acreedores.
El 26 de diciembre se realizó el segundo remate, al que llegó un solo oferente: Compañía Minera Tres Valles (CMTV), propiedad de NIU Invest de Caner. El acreedor ofrecía transformarse en dueño al comprar la empresa por los $ 12 mil millones (poco más de US$ 12 millones) que se pedían. El martillero lo adjudicó y hasta ahí todo sacramentado. CMTV tenía 90 días para realizar el pago.
Pero entremedio había más.
Boletas y condición esencial
Según se supo luego, en diciembre, el liquidador Tomás Andrews y el entonces gerente general Luis Vega habían recibido una carta de interés de un inversionista extranjero denominado Thompson & French, el que ofrecía US$ 75 millones, es decir, seis veces más que el precio fijado para el remate.
Ese es el primer cuestionamiento que se hace en una intensa arremetida judicial que lleva adelante Kimura, representada en Chile por los abogados Diego Abogabir y Nicolás Miranda, del estudio Abogabir Miranda: que la masa acreedora no conoció de esa suculenta oferta cuando llegó, lo que podría haber cambiado el destino de todo lo que vino después. El liquidador, según acusa ahora Kimura, habría ocultado dicha oferta y puesto una serie de condiciones y trabas, que no puso a NIU ni a Javelin, para evitar que avanzara dicha oferta millonaria.
A eso se suma que hay registros de un pago directo desde CMTV, de NIU Invest, directo al liquidador, que sería adicional a sus honorarios. Los abogados hablan derechamente de corrupción entre privados y administración desleal en una querella que ya está investigando la fiscal de Las Condes, Carmen Gloria Guevara.
Mientras que desde CMTV han explicado que dicho pago adicional es completamente legal y estaba acordado directamente con el liquidador, porque había fijado sus honorarios por un monto mayor atendida la primera valorización de la empresa y no con el precio reducido. Por eso, CMTV decidió pagar directamente.
Si hubo o no corrupción tendrá que determinarlo la justicia. Lo cierto es que el liquidador fue removido de su cargo hace dos semanas, luego de una tensa sesión de más de cinco horas donde Kimura logró reunir los votos para echar a Andrews y designar a Eduardo Godoy como nuevo liquidador.
El liquidador recibió una oferta de Thompson & French, que ofrecía US$ 75 millones, seis veces más que el precio fijado para el remate. Ahora acusan que No lo comunicó a los demás acreedores.
Kimura ha tratado, en el mismo procedimiento, de revertir todo el proceso, incluidos los remates, pero el tribunal no le ha dado la razón. Por lo mismo, ahora presentaron una demanda de nulidad y el caso seguirá sumando demandas cruzadas.
Además, el otro punto en cuestión hoy es que CMTV debía financiar gastos operacionales de la mina durante los 90 días que tenía de plazo para concretar el pago de los US$ 12 millones, pero nunca desembolsó ese dinero como anticipo.
Según Kimura, al adjudicarse CMTV el remate en diciembre, aceptó que una “condición esencial” era desembolsar dinero para dar continuidad operativa, lo que el liquidador nunca exigió y que sería, a su juicio, otra de las pruebas de que estaba coludido con CMTV. Sin embargo, según ha explicado la defensa de CMTV, los pagos no se hicieron porque la administración no logró justificar los altos montos que solicitaba. Además, descartan que el concepto de “condición esencial” haya estado originalmente en el acuerdo, sino que fue agregado después por el abogado de Kimura.
Asimismo, la empresa ha acusado que Luis Vega, el gerente general, fue el responsable de la quiebra y, en parte, porque mal utilizó fondos de la empresa para lujos personales, como llegar en helicóptero a las faenas, por lo que seguir dándole dinero era contraproducente si es que el nuevo dueño quería salvar a la mina.
Los rusos y ucranianos
Pero falta un personaje en esta historia: Thompson & French, una firma con negocios financieros, químicos y de petróleo controlada por un grupo de ciudadanos ucranianos y rusos dentro de los que aparecen Arthur Shadura, Mykhailo Volodymyrovych Kovryzhenko, Yevgeny Igorovych Shchepotin, Igor Mazepa y Marat Khanbalevich Gabitov.
También está el nombre del ciudadano bielorruso Andrei Vladimirovich Duben y su esposa ucraniana Emiliya Kovalkova, quienes viven en Chile y serían “asesores” de Thompson & French y habrían tenido los primeros acercamientos para comprar la mina. Duben fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2024 debido a su participación en una red de evasión de sanciones que facilitaba el envío de equipos especializados de minería desde Sudamerica a empresas rusas, en violación de las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania.
Para evitar esas vinculaciones, Thompson & French decidió cambiar a su representante y nombró al abogado chileno Carlos Aranis.
La historia de esa oferta es que el 19 de diciembre de 2024, cinco días antes del remate, el liquidador de Tres Valles recibió un correo de los representantes de este fondo de inversión con un contrato de acuerdo de confidencialidad firmado y una carta introductoria a una propuesta de adquisición donde señalaba: “Nuestro cliente lamenta profundamente el tiempo limitado disponible para analizar el proyecto. Para abordar esta situación, han incluido una carta de presentación. El cliente espera sinceramente que se conceda tiempo adicional para llevar a cabo un análisis exhaustivo del proyecto, que incluya tanto la revisión de la documentación como una visita al sitio por parte de sus especialistas”, agrega el correo.
Sin embargo, el 26 de ese mes se realizó igualmente el remate y Thompson & French no participó.
En paralelo, el liquidador siguió conversando con el fondo y pidió, por ejemplo, en febrero un depósito de US$ 5 millones para comprobar la seriedad de la oferta, algo que, alega Kimura, no se le exigió a otros oferentes. En marzo, la firma depositó el dinero y envió el detalle de la oferta: US$ 75 millones para comprar la mina y otros “US$ 29.612.000 para el financiamiento del programa de inversión para el desarrollo del proyecto minero”, dice la querella de Kimura.
Lo llamativo es que cuando Thompson & French hizo esa oferta ya sabía que NIU Invest, a través de CMTV, había ganado la subasta por un monto mucho menor -US$ 12 millones-, y decidió no modificar el monto de su oferta. La sospecha de CMTV es que dicho dinero no era una oferta seria y solo servía para atraer más votos a esa propuesta.
Aun así, Thompson & French siguió con la oferta porque está convencido de que el activo minero tiene mucho más valor, y en marzo los nuevos abogados de Kimura pidieron una nueva junta de acreedores, fijada para el 24 de marzo, para revisar el incumplimiento en los pagos parciales de CMTV y analizar con más calma esa nueva oferta donde recuperarían una mayor cantidad de acreencias. Sin embargo, el liquidador firmó el 21 de marzo el contrato de compraventa con CMTV luego de que ésta depositara el dinero ofrecido en el remate.